Martes, 18 de junio de 2013
El Grupo Andino de Libertades Informativas, GALI, red subregional compuesta por organizaciones de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, expresa su profunda preocupación por la aprobación en el Ecuador de la denominada Ley Orgánica de Comunicación aprobada el día viernes 14 de junio por la mayoría de Gobierno en la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta ley impone restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico inaceptables en una sociedad democrática, por lo que el GALI insta al Presidente Rafael Correa a vetarla, de acuerdo con sus atribuciones.
El proyecto votado sin que mucho de su articulado haya sido debatido, pues fue introducido a última hora, contiene varios aspectos que ponen en situación de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa, y que van a contracorriente con los avances que se han experimentado en la Región durante los últimos años sobre el derecho a la libre expresión; entre otros:
- Códigos y normas deontológicas impuestas por Ley y que, por lo tanto, vulneran el principio por el cual, en ningún caso, las conductas éticas pueden ser impuestas por los Estados.
- La censura previa a través de inéditas figuras jurídicas de "linchamiento mediático", por la cual se prohíbe la difusión de información ligada a conceptos vagos y subjetivos.
- La creación de una Superintendencia de Información nombrada a partir de una terna enviada por el Presidente de la República, con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas.
- La conformación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con representación exclusiva de los poderes públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de comunicación social.
- La facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.
- La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación.
Por lo anterior, GALI hace un llamado a la comunidad internacional para que exprese su condena a lo que constituye la acción más reciente del Gobierno ecuatoriano en contra del periodismo pues instala la censura previa e impulsa una creciente autocensura.
Además, consagra la acumulación de medios en manos del Estado, alimentando una poderosa maquinaria de propaganda ajena al pluralismo que deben ejercer medios realmente públicos.
Descargar aquí la carta del GALI a Rafael Correa sobre este tema.
Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela
Fundamedios, Ecuador
Instituto Prensa y Sociedad, Perú
Perú: Defensoría propone creación de autoridad autónoma para velar por el respeto al derecho de acceso a información
NOTICIAS
Publicado el 20 Septiembre 2011
Perú: Defensoría propone creación de autoridad autónoma para velar por el respeto al derecho de acceso a información
Por IPYS
Foto: Flor Ruiz
En el marco de la IV Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, Eduardo Vega, actual defensor del pueblo, saludó la realización del evento, expresando que ello demuestra el compromiso de las entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil en continuar trabajando por la erradicación definitiva de la llamada “cultura del secreto”.
Destacó que si bien en el Perú la ley de transparencia existe hace 10 años y en ellos se han visto significativos avances, éstos todavía necesitan ser mejorados.
“En muchos casos, hemos visto que todavía se exige –indebidamente- el cumplimiento de requisitos que no se encuentran establecidos en la Ley, o que se solicita el pago de montos desproporcionados para acceder a la información. Estas situaciones deben corregirse prontamente”, señaló Vega
De acuerdo a la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo persiste un bajo nivel de difusión de información presupuestal, así como de los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado.
En los casos de graves violaciones a los derechos humanos uno de los problemas es el referido a la conservación de los archivos y la falta de entrega de información por parte de los institutos armados para la investigación de estos casos. “En esa medida, es necesario que el Ministerio de Defensa cumpla con implementar medidas tendientes a la conservación adecuada de los archivos sobre derechos humanos y a cumplir con la obligación de brindar información y atender los pedidos del Ministerio Público y el Poder Judicial”, dijo Vega.
Eduardo Vega señaló que estos avances y problemas invitan a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la protección del derecho de acceso a la información pública a través de un mecanismo que garantice la entrega de información de calidad, en forma oportuna, completa y con menores costos.
Para lograrlo la Defensoría del Pueblo propuso la creación de una autoridad nacional autónoma en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, con las siguientes características:
- Ser autónoma e independiente en el ejercicio de sus funciones que le asegure una posición estratégica y con suficiente autoridad en la estructura del Estado, que le permita generar consensos, hacer respetar el derecho y hacerse respetar.
- Una estructura organizacional acorde con la magnitud de la información a proteger, así como recursos humanos, económicos y materiales suficientes para el cumplimiento de su mandato constitucional y legal.
- El conocimiento y la especialización de diversos campos de la ciencia y la tecnología que se requieren para la protección de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Es necesario que esta autoridad nacional pueda tener las siguientes funciones y atribuciones:
Promover una cultura de transparencia y de respeto al derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, a partir de permanentes actividades de capacitación y difusión a nivel nacional
Establecer lineamientos de política en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
Desarrollar investigaciones técnicas especializadas sobre dichas materias.
Determinar criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información secreta, reservada y confidencial
Contribuir con el Archivo General de la Nación y con los archivos de las dependencias públicas en la elaboración y aplicación de los criterios para la organización de los archivos y la conservación de los documentos.
Atender y resolver los reclamos ciudadanos por la negativa de las entidades obligadas a brindar información pública, imponiendo las sanciones correspondientes a los infractores de la ley y fiscalizando la ejecución de sus decisiones.
