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COMUNICADO IPYS

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera un grave riesgo para la libertad de información periodística y en general para las actividades de investigación, la  promulgación de la denominada Ley de Delitos Informáticos, que penaliza de manera indiscriminada la utilización de datos o bases de datos en plataforma electrónica. El IPYS lamenta que esta penalización indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse la norma. El resultado será la persecución de  múltiples actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son completamente lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas del Estado. Por otra parte, la ley trasunta un injustificado temor hacia las nuevas tecnologías de la información y debilita la política de Gobierno Abierto declarada por el Poder Ejecutivo, que promueve precisamente lo contrario; esto es, la utilización masiva bases de datos del Estado. A su vez, la norma asume una equivocada comprensión sobre la información relacionada con la seguridad nacional. Y es que sanciona las conductas que afectan informaciones clasificadas como secretas por razones de seguridad nacional, pero generaliza e incluye a documentos que lleven el sello de “información clasificada”; los cuales, como se sabe, muchas veces no son secretos ni afectan la seguridad nacional. Por estas consideraciones, el IPYS exige una urgente rectificación de la Ley de Delitos Informáticos, sobre todo considerando que no hubo el mínimo esfuerzo de debate amplio, sereno y especializado por parte del Congreso de la República antes de aprobarla.

Perú: Defensoría propone creación de autoridad autónoma para velar por el respeto al derecho de acceso a información

NOTICIAS
Publicado el 20 Septiembre 2011
Perú: Defensoría propone creación de autoridad autónoma para velar por el respeto al derecho de acceso a información
Por IPYS

Foto: Flor Ruiz

En el marco de la IV Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, Eduardo Vega, actual defensor del pueblo, saludó la realización del evento, expresando que ello demuestra el compromiso de las entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil en continuar trabajando por la erradicación definitiva de la llamada “cultura del secreto”.

Destacó que si bien en el Perú la ley de transparencia existe  hace 10 años y en ellos se han visto significativos avances, éstos todavía necesitan ser mejorados.
 
“En muchos casos, hemos visto que todavía se exige –indebidamente- el cumplimiento de requisitos que no se encuentran establecidos en la Ley, o que se solicita el pago de montos desproporcionados para acceder a la información. Estas situaciones deben corregirse prontamente”, señaló Vega
 
De acuerdo a la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo persiste un bajo nivel de difusión de información presupuestal, así como de los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado. 
 
En los casos de graves violaciones a los derechos humanos uno de los problemas es el referido a la conservación de los archivos y la falta de entrega de información por parte de los institutos armados para la investigación de estos casos. “En esa medida, es necesario que el Ministerio de Defensa cumpla con implementar medidas tendientes a la conservación adecuada de los archivos sobre derechos humanos y a cumplir con la  obligación de brindar información y atender los pedidos del Ministerio Público y el Poder Judicial”, dijo Vega.
 
Eduardo Vega señaló que estos avances y problemas invitan a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la protección del derecho de acceso a la información pública a través de un mecanismo que garantice la entrega de información de calidad, en forma oportuna, completa y con menores costos.         
 
Para lograrlo la Defensoría del Pueblo propuso la creación de una autoridad nacional autónoma en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, con las siguientes características:
 
  • Ser autónoma e independiente en el ejercicio de sus funciones que le asegure una posición estratégica y con suficiente autoridad en la estructura del Estado, que le permita generar consensos, hacer respetar el derecho y hacerse respetar. 
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  • Una estructura organizacional acorde con la magnitud de la información a proteger, así como recursos humanos, económicos y materiales suficientes para el cumplimiento de su mandato constitucional y legal.
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  • El conocimiento y la especialización de diversos campos de la ciencia y la tecnología que se requieren para la protección de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
 
Es necesario que esta autoridad nacional pueda tener las siguientes funciones y atribuciones:
 
Promover una cultura de transparencia y de respeto al derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, a partir de permanentes actividades de capacitación y difusión a nivel nacional 
 
Establecer lineamientos de política en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
 
Desarrollar investigaciones técnicas especializadas sobre dichas materias.
 
Determinar criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información secreta, reservada y confidencial 
 
Contribuir con el Archivo General de la Nación y con los archivos de las dependencias públicas en la elaboración y aplicación de los criterios para la organización de los archivos y la conservación de los documentos.
 
 Atender y resolver los reclamos ciudadanos por la negativa de las entidades obligadas a brindar información pública, imponiendo las sanciones correspondientes a los infractores de la ley y fiscalizando la ejecución de sus decisiones.

 

 

 

 


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