MESA DE HONOR

Isaac Friedman Kilimajer
Gerente del Departamento de Relaciones Corporativas de Petro Perú

En nombre del presidente del Petro Perú, Luis Rebolledo Soberón, tengo el placer de darles la bienvenida a la Segunda Conferencia de Acceso a la Información Pública. El tema que nos convoca compromete nuestra gestión empresarial ya que, en cumplimiento de la ley, brindamos información necesaria y oportuna a los ciudadanos y buscamos que la transparencia sea el pilar de nuestros procesos frente a clientes internos y externos.

Permítanme felicitar a los organizadores de este evento que tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en todos los niveles del gobierno, a siete años de su promulgación. Asimismo, saludamos que en esta oportunidad se busque articular las agendas de los gobiernos regionales y municipales en materia de transparencia y acceso a la información. Eso afianzará la homogenización de criterios y metodologías a implementar para hacer frente a los retos que impone la transparencia, con el objetivo de construir una sociedad más justa, democrática e inclusiva.

Ricardo Uceda-IPYS
Director Ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad – IPYS

En nuestra condición de organizadores, quisiera agradecer la participación de la Defensoría del Pueblo y de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM en este esfuerzo conjunto. Considero que en esta segunda experiencia de convocatoria a funcionarios públicos, hay temas que merecen mínimas reflexiones. En primer lugar, de qué manera una institución de periodistas como IPYS está involucrada en el tema que nos convoca y vinculada con instituciones de la administración pública de manera fructífera.

Somos un grupo de periodistas peruanos congregados, inicialmente, para defender los intereses de nuestra profesión, sin embargo al cabo de unos años decidimos dar un vuelco a nuestras actividades y definirnos como periodistas cuya prioridad es la defensa de los derechos del ciudadano. De esta manera, defendemos libertades que no le pertenecen sólo a la prensa y, en esa medida, buscamos garantías para el mejor ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Cuando se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estuvimos muy interesados en ejercer este derecho, lo que hasta hoy hacemos. Por ejemplo contamos con un boletín virtual que se llama Infopública, en el que colgamos los pedidos de información pública de ciudadanos y de nosotros mismos. Podemos estar en discrepancia con instituciones del Estado y hasta litigar con algunas de ellas, sin embargo, a pesar de tener puntos de vista distintos, hemos entendido y aprendido que hay un sector de funcionarios públicos sumamente interesados en que la exigida transparencia se cumpla lo más ampliamente posible.

Es por ello que el año pasado nos unimos con la Defensoría del Pueblo para analizar lo que había pasado durante los 7 años de vigencia de la ley y produjimos algunos documentos e indicadores que nos permitieron tener una aproximación de los avances logrados, lo que hasta el momento no se había visto. Producto de este trabajo logramos saber qué problemas existían y qué pensaban los funcionarios públicos al respecto. Justamente, fue la riqueza de esa reunión la que nos llevó a pensar en organizar un segundo evento, esta vez invitando a la PCM a asociarse a este importante esfuerzo.

Entre los temas que nos interesa abordar se encuentra lo qué piensan ustedes (funcionarios públicos), por lo que les haremos una encuesta que será revisada por una reputada compañía en consultas públicas. Esta información será muy importante para conocer su opinión. Por otro lado, tenemos el principal documento del Estado, que es el informe que la PCM presenta ante el Congreso de la República, a partir de los insumos que le brindan todas las instituciones del Estado. Consideramos de sumo interés, no sólo para la PCM, sino para la ciudadanía, que este informe sea mejorado año a año con nuevos indicadores y la promulgación de normas orientadas a ese propósito. También, veremos lo que está sucediendo con las sentencias del Tribunal Constitucional, si se cumplen o no.

Una vez más quisiera destacar el papel de la Defensoría del Pueblo y de la PCM en esta tarea. La presente reunión es una muestra del enorme avance que está registrando el país en algunos sentidos. No es común ver a nivel de América Latina que una organización de la sociedad civil, caracterizada por su tarea de vigilancia ciudadana, como IPYS, y sectores del gobierno como la PCM y la Defensoría del Pueblo, se reúnan y tengan apreciaciones coincidentes acerca de lo que está pasando en el tema de transparencia administrativa. Creo que el mérito, en gran parte, es de las instituciones aludidas.

Para terminar, quiero agradecer a Petro Perú por la hospitalidad y las facilidades, a Open Society que promueve las sociedades abiertas y ha contribuido, con los recursos necesarios, para la organización de esta conferencia, y a Radio Nederland, socio de IPYS que colabora con nosotros, entre otras cosas, enviando una señal en vivo, por Internet, para que esta reunión pueda ser seguida por funcionarios públicos que no han podido asistir. 

Beatriz Merino
Defensora de Pueblo

Como Defensora del Pueblo, siento una especial satisfacción al dirigirme a ustedes en esta ceremonia, con la que inauguramos la Segunda Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, no solo por el tema que nos convoca, absolutamente relevante para nuestro país, sino por la presencia de autoridades y funcionarios que da cuenta de su compromiso con este tema.

En ese sentido, deseo agradecer la presencia de las autoridades públicas que nos acompañan y la de todos nuestros invitados, en particular la de los altos funcionarios que proceden de diferentes regiones de nuestro país. Asimismo, deseo destacar el trabajo realizado con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Presidencia del Consejo de Ministros, con quienes hemos sumado esfuerzos en las tareas de organización de esta Segunda Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública.

Adicionalmente, me permito destacar, en esta ceremonia inaugural, la presencia del señor Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, pues, con toda seguridad, ello denota el compromiso del Poder Ejecutivo con el fortalecimiento y mejora de los mecanismos de transparencia del Estado y el acceso a la información pública en el país. La reflexión que formularemos está destinada a constituirse como un importante paso hacia un conocimiento más profundo sobre este decisivo tema, por ello, esperamos que las contribuciones de todos ustedes nos permitan ir delineando un conjunto de medidas para avanzar en la consolidación de una cultura de la transparencia en el Perú.

Si hemos decidido impulsar por segundo año consecutivo este espacio de diálogo –eligiendo como tema de reflexión el derecho fundamental de acceso a la información pública– es porque estamos convencidos de que se trata de un asunto central para el desarrollo de nuestra democracia. Pensamos que hacer un alto en nuestras labores, durante unos días, es necesario para saber dónde estamos y corregir los errores que, seguramente, a pesar de nuestros esfuerzos, subsisten, pero también para fortalecer nuestras capacidades allí dónde hemos obtenido aciertos.

La vigencia del derecho de acceso a la información pública no sólo garantiza esa democracia que todos queremos fortalecer, sino también garantiza contar con ciudadanos reales, informados sobre la gestión de la autoridad que los gobierna, los procedimientos y reglas que los rigen, y las exigencias formales que el sistema plantea para la realización –por ejemplo- de sus actividades económicas. Este derecho, señores y señoras, también es una garantía para el desarrollo económico de nuestro país, más aún ahora que estamos transitando por un camino firme a la inserción en los mercados internacionales mediante los tratados de libre comercio.

De este modo, no tengo la menor duda de que, como país y como Estado, estaremos en mejores condiciones de realizar los cambios que sean necesarios para que este compromiso de todos, por la transparencia y el acceso a documentos públicos, avance en forma decidida, eficiente y eficaz, y para que no se convierta en una declaración de buenas intenciones contenida en una norma.

No me cansaré de repetir que en la Defensoría del Pueblo abrigamos la firme convicción de que la transparencia y el respecto del derecho de acceso a la información pública constituyen columnas fundamentales en la construcción de una nación libre, próspera y con bienestar, que es capaz de autodirigirse, asumiendo los retos y las oportunidades que se presentan en la batalla por el desarrollo.

No es casual, en modo alguno, que aquellos países líderes en las prácticas de transparencia estatal, rendición de cuentas y acceso a la información pública sean, a la vez, países con democracias consolidadas, desarrollados, con bienestar y con niveles poco significativos de corrupción. Esta verdad resulta elocuente en palabras de uno de los historiadores vivos más importantes del Perú, me refiero al doctor José Agustín de la Puente Candamo.

Recientemente, en el contexto de una de las celebraciones por el aniversario de la Defensoría del Pueblo, este distinguido historiador reflexionaba en torno a las razones por las cuales, en casi 190 años de vida republicana, nuestro Estado no ha podido alinearse con las exigencias y demandas de la población, a pesar de que el Perú se define como una república democrática según el artículo 43º de su Constitución Política. Ciertamente, los factores que explican esta situación son diversos, pero, sin ninguna duda –nos decía el maestro De La Puente–, entre los principales se encuentran: la gestión del poder a espaldas de los ciudadanos y ciudadanas; los nulos o débiles mecanismos de control; la falta de exigencia de responsabilidad o rendición de cuentas; por último, una consolidada cultura del secreto, que ha caracterizado históricamente a nuestra administración pública.

El día de hoy nos reunimos para revertir la continuidad de esta situación histórica, reafirmando nuestra convicción de que la defensa y la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública no se pueden realizan al margen de la agenda pública y sin la colaboración activa de los propios funcionarios y funcionarias públicas, así como de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En esa medida, tanto a la Defensoría del Pueblo, como a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Instituto Prensa y Sociedad, como organizadores de esta importante Conferencia, nos mueve un vivo interés en que ésta se convierta en una gran oportunidad para arribar a consensos y certidumbres que nos permitan superar el desafío representado por la erradicación de la cultura del secreto que –lamentablemente– aún se encuentra presente en muchas dependencias de la Administración Pública en todo el ámbito nacional.

Estos consensos estuvieron representados el año pasado, con motivo de la Primera Conferencia, en la “Declaración de los Presidentes Regionales sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública”, suscrita por los Presidentes Regionales de Amazonas, Ayacucho, Lambayeque, Lima y Tumbes. La suscripción de la Declaración constituye un paso significativo en la búsqueda de un compromiso de las más altas autoridades del Estado con esta necesidad de cambio. En ese sentido, es absolutamente necesario que otros gobiernos regionales se adhieran a esta Declaración y trabajen de manera conjunta en el logro de sus principios y objetivos.

Es oportuno resaltar en este momento algunos de los resultados de la última supervisión que acabamos de finalizar a los Portales de Transparencia de 25 Gobiernos Regionales y 25 Municipales Provinciales ubicadas en capitales de departamento. Dicha supervisión revela que sólo el 39% de estas cumplieron con su obligación de difundir la información exigida por ley, en tanto que los Gobiernos Regionales alcanzaron un nivel general de cumplimiento del 69%.

Es por ello que tenemos la convicción de que esta Segunda Conferencia Nacional sobre Acceso a la Información Pública, que hoy se inicia, forma parte de esta decidida apuesta institucional de todos nosotros, Estado y sociedad civil, por la transparencia en el Estado, no sólo por constituir un principio de organización y de funcionamiento esencial para la legitimidad democrática de la gestión pública.

Aquí y ahora, sabemos que se trata de poderosos instrumentos destinados a favorecer las buenas prácticas gubernamentales, como desalentar a toda costa los actos de corrupción y, sobre todo, promover en la ciudadanía confianza en sus instituciones y en la democracia como un fundamento necesario para la convivencia. Sin lugar a dudas, la consolidación de una cultura de la transparencia “basada en a promoción y defensa del derecho de acceso a la información pública todavía constituye una gran batalla cultural que debemos enfrentar desde el Estado y desde la sociedad civil. Tengo la convicción de que esta batalla solo se ganará en un marco normativo adecuad, pero sobre todo con funcionarios y funcionarias del Estado que confieran importancia a su cumplimiento efectivo porque creen en él, en su sentido. Solo de esta manera podremos lograr un verdadero Estado democrático.

Como podrán advertir ustedes, no es una tarea fácil. El tránsito de la cultura del secreto a la cultura de la transparencia en el Estado es, sin lugar a dudas, un proceso de largo aliento que implica constancia y liderazgos personales e institucionales. Este proceso implica, además, que el Estado asuma retos, a fin de concretar y sostener políticas de transparencia a largo plazo.

La Defensoría del Pueblo –y esta Defensora, en particular– confían plenamente en que esta Segunda Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública afianzará nuestro compromiso, como funcionarios y funcionarias de la administración pública, en el fortalecimiento del Perú como una verdadera república democrática.

Javier Velásquez Quesquén
Presidente del Consejo de Ministros

Vengo en nombre del Gobierno para reflexionar sobre una norma muy importante, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo cumplimiento es fundamental para consolidar el sistema democrático. Hay que advertir que esta norma es parte de un paquete de desarrollo legal que se dio en el Congreso, luego de la recuperación de la democracia. Por ello consideramos positivo que luego de este tiempo de vigencia se realice un balance conjunto, la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno. Nosotros entendemos que la prueba más importante que el pueblo le toma al Gobierno es a través del ejercicio amplio de sus derechos y uno de ellos es el de transparencia. Por ello, a pesar de las dificultades y limitaciones que se han presentado en algunos casos, tengo la seguridad de que hemos avanzado, tal vez no lo suficiente, pero ratifico que para el Gobierno la transparencia es una línea y una política de Estado. Tenemos que acabar con la cultura del secreto a través de una mayor transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El Gobierno está interesado en recoger sus sugerencias, comentarios y recomendaciones, para avanzar hacia la cultura de la transparencia.

La PCM no ha querido estar al margen de esta evaluación, porque consideramos que es importante consolidar los valores que legitiman, los de la democracia. El derecho de acceso a la información pública es un factor esencial de la democracia y del Estado que promueve una relación confiable y transparente entre el poder y los ciudadanos.

Una de las características de un proceso democrático es garantizar la vigencia de los derechos humanos, instalar el diálogo como una práctica y auspiciar la participación del ciudadano en la gestión del Estado. Sin estos mecanismos la democracia estará en peligro. En ese sentido el Gobierno reitera su vocación de acabar con el secretismo que afecta la vida social y económica del país. Social, porque es un escenario de prácticas inmorales, y económica porque genera trabas a las inversiones. Por eso estamos interesados en recoger las evaluaciones y conclusiones respecto al ejercicio de este derecho fundamental.

Por mandato de la ley informamos al Congreso sobre el avance de este derecho y lo hacemos no sólo para dar cuenta de las solicitudes de los ciudadanos, sino también para explicar las dificultades que debemos afrontar al procesar las mismas y para elaborar recomendaciones que se traduzcan en modificaciones legislativas.

Ratifico el compromiso del Gobierno afirmando este derecho, consagrado por mandato constitucional y sus normas de desarrollo. El enfoque es que el ciudadano exija información, sin expresión de causa y que el Estado se la proporcione en forma oportuna y completa, esa es la evaluación que tenemos que hacer para saber hasta dónde hemos avanzado.

Debo informarles que, en cuanto a competencias, hemos recibido más de 69 mil solicitudes, la mayoría de ellas dirigidas a gobiernos locales, quizá por razones históricas de relación entre municipios y ciudadanos. Son solicitudes de información que tienen que ver con presupuesto y fondos de ejecución de proyectos, lo que confirma el enorme interés de los ciudadanos por participar en la construcción del Estado y sus tareas. Podemos informarles que de estas 69 mil solicitudes se han procesado casi el 90%, pero creemos que a pesar de ello, aún hay muchas cosas por hacer desde el Estado, por ejemplo, mejorar y desarrollar una campaña de difusión y sensibilización en la opinión pública sobre la relevancia que tiene este derecho fundamental. También creemos que se deben implementar mejoras para tramitar las solicitudes. En la PCM estamos trabajando un diseño para mejorar el formato de atención al ciudadano incentivando a los equipos técnicos y capacitando a los recursos humanos.

Por otro lado, el país está participando con Mexico, Chile y Canadá en la elaboración de una ley marco de acceso a la información; esperamos lograrlo, porque este derecho no debe ser nacional sino de carácter global. Los que, circunstancialmente, hemos recibido la tarea de gobernar el país no podemos, de ninguna manera, entenderlo como un privilegio para auspiciar mecanismos que conspiren contra la transparencia. Por eso, reiteramos nuestro compromiso de acabar con esta cultura del secreto. Tal vez no hemos logrado todo lo que nos propusimos pero sí nos hemos establecido el desafío de recoger, en base a sus recomendaciones, las sugerencias de la Defensoría del Pueblo y de ustedes.

Como soy optimista tengo la seguridad de que al término de este evento las conclusiones van a demostrar que hemos mejorado. Asimismo, esta reunión servirá para darle un nuevo impulso a nuestras acciones en el tema, a partir de sus recomendaciones que serán un valioso insumo para nuestro informe. Los que gobernamos (en este momento) sostenemos que la voz del pueblo es la voz de dios. Por ello en el plazo que gobernamos estaremos abiertos a sugerencias para garantizar el ejercicio de este derecho constitucional.