Estoy contento porque Huancavelica ocupa este año el primer lugar en la evaluación de portales, con un promedio de entre el 92% y 98% de la información publicada. Esto se debe al funcionario responsable quien no pidió presupuesto ni más equipos, sólo requería decisión política para que todos colaboraran con brindarle la información que había que colgar. Hay 2 mil funcionarios en el gobierno regional, le di el apoyo y ordené que todos los funcionarios hicieran lo mismo. Bastó con que un funcionario fuera suspendido tres días y se acabó el problema. Cuando se quiere cumplir una ley se cumple, los pretextos no sirven.
Hemos tenido como contraparte a las organizaciones no gubernamentales o activistas políticos. No tenemos denuncias en Huancavelica. Sí tenemos corrupción espantosa. Cambio y transparencia equivalen a voluntad política y acceso a información pública. El titular de pliego de cada entidad pública tiene que comprometerse con el cambio y la Defensoría del Pueblo debería ayudar en eso.
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Es muy positivo que estén presentes los funcionarios. Cuando comenzamos con la aplicación de la ley vivíamos la cultura del secreto, la información se manejaba como propiedad privada. Por eso durante el gobierno de Valentín Paniagua ayudamos a elaborar un reglamento de acceso a la información pública para toda la administración. Ahora se aplica la ley de transparencia y nadie sugiere que se derogue. Más bien, se quiere mejorar, eso significa que funciona. Es perfectible, por supuesto, y es posible que funcione mejor. Es lo que se aprecia al constatar el interés de los propios funcionarios públicos en conocer mejor la ley de transparencia. Personalmente no veo que se requiera modificaciones sustantivas a la ley. Por lo tanto habría que mirar hacia los reglamentos y las directivas y ver qué se puede mejorar esas normas, como se aprecia en algunas sugerencias importantes que han hecho los funcionarios durante esta reunión.
Es imperativo trabajar más en la capacitación de los funcionarios y de los ciudadanos para que el sistema funcione, eso fortalece la democracia, construye ciudadanía y servicio público responsable, como busca la ley. Se ha señalado que los funcionarios encargados de brindar información, además de esta responsabilidad tienen carga adicional. Por lo tanto debe evaluarse seriamente si es necesario transformar el cargo en un puesto ad hoc. El Estado está obligado a hacer las designaciones de estos funcionarios asegurando la especialización correspondiente. Ahora bien, no sólo se necesita capacitación, sino decirle a la PCM que debe evaluar si es necesario que se creen cargos especiales y que los funcionarios cuenten con oficinas adecuadas. Otra precisión necesaria dentro una evaluación general de la vigencia de la ley de transparencia es requerir a los ciudadanos para que no abusen de su derecho.
Respecto a los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA), hay que tener cuidado con la calidad de los procedimientos. Por ejemplo en el tema de los requisitos o formalidades exigibles por las entidades públicas, ¿debe exigirse necesariamente el DNI al solicitante? Para responder a esta pregunta pongámonos en el caso de las personas que no tienen DNI. Creo que eso no debería ser un impedimento para solicitar información pública.
Por otra parte, la información que se brinda debe darse de una forma amigable, desde la misma redacción de los procedimientos, hasta la información que se entrega a las personas. De ese modo el funcionario no tendrá una carga adicional al no tener que explicar el significado de la información que está entregando. El sentido es facilitar, no dificultar el acceso a la información. Como conclusión, observo un panorama muy favorable. Estamos caminando y ya no tenemos pantalones cortos. Nuestra ley puede no ser la más avanzada, como la mexicana o chilena, con sistemas y organismos centrales que velan por su cumplimiento. Esos son sistemas más sofisticados, pero el nuestro está funcionando y eso es muy positivo.
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