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COMUNICADO IPYS

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera un grave riesgo para la libertad de información periodística y en general para las actividades de investigación, la  promulgación de la denominada Ley de Delitos Informáticos, que penaliza de manera indiscriminada la utilización de datos o bases de datos en plataforma electrónica. El IPYS lamenta que esta penalización indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse la norma. El resultado será la persecución de  múltiples actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son completamente lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas del Estado. Por otra parte, la ley trasunta un injustificado temor hacia las nuevas tecnologías de la información y debilita la política de Gobierno Abierto declarada por el Poder Ejecutivo, que promueve precisamente lo contrario; esto es, la utilización masiva bases de datos del Estado. A su vez, la norma asume una equivocada comprensión sobre la información relacionada con la seguridad nacional. Y es que sanciona las conductas que afectan informaciones clasificadas como secretas por razones de seguridad nacional, pero generaliza e incluye a documentos que lleven el sello de “información clasificada”; los cuales, como se sabe, muchas veces no son secretos ni afectan la seguridad nacional. Por estas consideraciones, el IPYS exige una urgente rectificación de la Ley de Delitos Informáticos, sobre todo considerando que no hubo el mínimo esfuerzo de debate amplio, sereno y especializado por parte del Congreso de la República antes de aprobarla.

Periodistas amenazados abandonan sus ciudades

ALERTA / 
Publicado el 24/04/2012
Periodistas amenazados abandonan sus ciudades

 

Fuente: CPJ/IFEX
 
Tres periodistas provinciales colombianos se han visto obligados a abandonar sus ciudades en los últimos meses tras recibir amenazas de muerte de grupos armados ilegales. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exhortó hoy a las autoridades a garantizar su seguridad. 
 
Jesús Antonio Pareja, quien trabajaba en una radio comunitaria en Roncesvalles en el departamento central de Tolima, recibió amenazas de muerte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero de izquierda más grande del país, según informó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), un grupo de libertad de prensa radicado en Bogotá. 
 
Pareja estaba trabajando de media jornada para La Voz de la Tierra en Roncesvalles, ubicada en una región montañosa que ha sido un bastión de las FARC durante mucho tiempo. Pareja recibió una llamada el 9 de abril de una persona que se identificó como el comandante Donald del frente 21 de las FARC. Advirtió a Pareja que si no abandonara la ciudad en los próximos tres días, lo matarían, indicó Pareja al CPJ. 
 
Pareja afirmó que el supuesto comandante de las FARC acusó a la radio de haber difundido propaganda del ejército, incluyendo promover una represa hidroeléctrica que las FARC considera un objetivo militar e impulsar a campesinos desplazados por el conflicto armado a aplicar para los beneficios de una nueva ley de tierras. Pareja señaló que la radio nunca emitió propaganda del ejército pero que sí había difundido un anuncio de servicio público relacionado con la ley de tierras y publicidades patrocinadas por la empresa que está construyendo la represa. 
 
Pareja abandonó Roncesvalles el 10 de abril y ahora está en Ibagué, el capital del departamento de Tolima. Está sin trabajo y ha aplicado para beneficios como una persona desplazada. "Sólo quería ayudar a la comunidad", indicó Pareja, que trabajó en la radio durante 13 años. "Pero ahora soy un refugiado". 
 
En la ciudad de Briceño en el departamento norteño de Antioquia, Edilberto Agudelo, director de la radio comunitaria Briceño Estéreo, recibió amenazas de muerte el año pasado. El periodista fue amenazado tras denunciar vínculos entre la policía de Briceño y Los Urabeños, una gran organización criminal, en un reunión pública con activistas locales, según informó la FLIP. 
 
Agudelo se vio obligado a abandonar Briceño el 14 de diciembre tras recibir un panfleto amenazándolo de muerte. Agudelo indicó al CPJ que tomó en serio las amenazas porque 30 minutos antes de recibir el panfleto, un administrador de un hospital local, quien también había denunciado los vínculos criminales en la reunión, fue asesinado a balazos. 
 
El caso de Agudelo no fue publicado en el momento. Pero el 13 de abril, Dionisia Morales, su esposa y una locutora con la radio, recibió amenazas de muerte vía mensajes de texto y llamadas telefónicas, indicó la periodista al CPJ. La persona se identificó como un miembro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una de las varias bandas narcotraficantes que operan en el país. Informes de prensa indican que el grupo podría formar parte de Los Urabeños. 
 
La persona le advirtió "que tenía hasta las 8 am del día siguiente para salir de la ciudad, o me matarían y destruirían la radio", Morales indicó al CPJ. Morales abandonó Briceño y se dirigió de inmediato para Medellín, e hizo el viaje con escolta policial. Morales afirmó al CPJ que la amenazaron por ser la esposa de Agudelo y que la radio no había informado sobre temas delicados desde que se marido había abandonado la ciudad. 
 
Morales, Agudelo y sus dos hijos están viviendo por ahora en Medellín y siguen manejando la radio por teléfono. Un funcionario afirmó a reporteros que el gobierno brindaría protección a los dos periodistas, pero la pareja dice que hasta ahora el Ministerio del Interior no ha proporcionado escoltas. "No sé cuánto tiempo tendremos que permanecer aquí, pero sin seguridad no podemos volver" indicó Agudelo al CPJ. 
 
"Las autoridades colombianas deben investigar estas amenazas y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a Edilberto Agudelo, Dionisia Morales, y Jesús Antonio Pareja", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "Estos casos ilustran las fuertes presiones que siguen padeciendo los periodistas provinciales en Colombia, y reafirman la obligación del gobierno para asegurar que la libertad de expresión no se convierta en una víctima". 
 
El informe anual del CPJ, Ataques a la Prensa, reveló que el número de amenazas contra periodistas colombianos aumentó en 2011, obligando a algunos reporteros a radicarse en otros lugares. En febrero de este año, Bladimir Sánchez Espitia, un periodista independiente y activista colombiano, abandonó su ciudad natal con destino a la capital tras recibir amenazas de muerte relacionadas con un video que subió a YouTube. 

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