Martes, 18 de junio de 2013
El Grupo Andino de Libertades Informativas, GALI, red subregional compuesta por organizaciones de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, expresa su profunda preocupación por la aprobación en el Ecuador de la denominada Ley Orgánica de Comunicación aprobada el día viernes 14 de junio por la mayoría de Gobierno en la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta ley impone restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico inaceptables en una sociedad democrática, por lo que el GALI insta al Presidente Rafael Correa a vetarla, de acuerdo con sus atribuciones.
El proyecto votado sin que mucho de su articulado haya sido debatido, pues fue introducido a última hora, contiene varios aspectos que ponen en situación de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa, y que van a contracorriente con los avances que se han experimentado en la Región durante los últimos años sobre el derecho a la libre expresión; entre otros:
- Códigos y normas deontológicas impuestas por Ley y que, por lo tanto, vulneran el principio por el cual, en ningún caso, las conductas éticas pueden ser impuestas por los Estados.
- La censura previa a través de inéditas figuras jurídicas de "linchamiento mediático", por la cual se prohíbe la difusión de información ligada a conceptos vagos y subjetivos.
- La creación de una Superintendencia de Información nombrada a partir de una terna enviada por el Presidente de la República, con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas.
- La conformación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con representación exclusiva de los poderes públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de comunicación social.
- La facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.
- La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación.
Por lo anterior, GALI hace un llamado a la comunidad internacional para que exprese su condena a lo que constituye la acción más reciente del Gobierno ecuatoriano en contra del periodismo pues instala la censura previa e impulsa una creciente autocensura.
Además, consagra la acumulación de medios en manos del Estado, alimentando una poderosa maquinaria de propaganda ajena al pluralismo que deben ejercer medios realmente públicos.
Descargar aquí la carta del GALI a Rafael Correa sobre este tema.
Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela
Fundamedios, Ecuador
Instituto Prensa y Sociedad, Perú
Ambiente de purga en los medios públicos; Las radios comunitarias en alerta
ALERTA /
Publicado el 12/07/2012
Ambiente de purga en los medios públicos; Las radios comunitarias en alerta
Fuente: RSF
A tres semanas del golpe parlamentario que derrocó al presidente Fernando Lugo, el 22 de junio de 2012, un clima de tensión y de intimidaciones reina entre los medios de comunicación públicos; Reporteros sin Fronteras recibió confirmación de ello a través de diversas fuentes internas y externas. Así, la aparente tregua impuesta por la visita del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, el 2 y 3 de julio pasado, no duró. Inevitablemente, la libertad de información padecerá estas presiones contra periodistas y más aún, una parte del gremio, conocidos por su oposición a la ofensiva parlamentaria del 22 de junio.
“Los hechos de los que nos han informado demuestran, por desgracia, la intención de toma de control del servicio público de información y de comunicación con una motivación clara: minimizar al máximo las condiciones y consecuencias de la destitución de Fernando Lugo. Ahora, un servicio público digno de recibir ese nombre debe precisamente tener en cuenta el estado real de la opinión pública. Las maniobras destinadas a hacer a un lado a los periodistas considerados molestos, así como la censura parcial de algunos programas, traicionan un poco más la lógica de los vencedores del 22 de junio, en detrimento del necesario debate pluralista que debería tener lugar. Las garantías constitucionales en la materia deben respetarse”, declaró Reporteros sin Fronteras.
Objetivo estratégico para el nuevo poder, los medios de comunicación públicos creados bajo el mandato de Fernando Lugo –TV Pública, Radio Nacional y la agencia informativa IPParaguay– han constituido al mismo tiempo, desde el 22 de junio, el núcleo de concentración de las movilizaciones ciudadanas contra el golpe parlamentario.
“Me pidieron que viniera a firmar un documento que confirmaba mi salida”, nos confió una fuente del servicio público. Otros cinco colegas suyos también se han visto afectados por esta disposición, pero por el momento se han negado a responder a las presiones. El 22 de junio, los entonces directores de TV Pública e IPParaguay renunciaron a su cargo.
Problemas “técnicos” recurrentes
La tensión, muy palpable al interior, también se percibe al aire. El programa semanal de Radio Nacional “Ape ha Pepe” (“aquí y allá” en guaraní), en el que participan los paraguayos que viven en el extranjero, fue suspendido el 23 de junio y volvió al aire el 30 de junio. El 7 de julio esta emisión sufrió un curioso bloqueo. “Primero intenté llamar al estudio, pero no me contestaron”, nos explicó Gustavo Zaracho, miembro del colectivo Paraguay en Francia. “Entonces llamé a un teléfono móvil de la redacción. Así, nos dimos cuenta de que el conmutador general de la estación estaba bloqueado y no podía recibir llamadas externas. El servicio volvió a funcionar diez minutos antes de que se acabara el programa. En el intervalo, a través del teléfono móvil, señalé el problema al aire. Un representante de la estación me aseguró en un tono amenazador que se trataba de una cuestión ‘técnica’. Se encontraba con él un policía encargado normalmente de vigilar el edificio, agregó”.
Suponiendo que sólo se tratara de cuestiones “técnicas”, los incidentes de este tipo se han vuelto recurrentes desde el 22 de junio. Así ha sido para el programa “Micrófono Abierto”, de TV Pública, y la emisión “Red Pública”, de Radio Nacional. Por su parte, la radio pública ZP 12 de Pilar, acallada desde el 24 de junio, oficialmente debido a un corte de corriente, pudo volver al aire el 11 de julio, tras la reparación de su equipo.
Legislación temida
El forcejeo entre Fernando Lugo y el parlamento se debía, en parte, a la Ley de Telecomunicaciones. Al respecto, diversas modificaciones recientes podrían afectar el futuro de las radios comunitarias, que poseen pocos recursos y con frecuencia esperan una licencia de difusión. Las nuevas cláusulas de la ley presentadas y votadas por los parlamentarios prevén en particular la prohibición de toda publicidad en estas radios, la limitación de su capacidad de emisión y la posibilidad de que se emprendan acciones legales sistemáticas contra sus representantes en caso que carezcan de autorización para emitir. Estas disposiciones habían chocado con el veto presidencial de Fernando Lugo. En adelante, éstas podrían entrar en vigor rápidamente. La nueva dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el 8 de julio el desmantelamiento de unas 200 estaciones pequeñas. Reporteros sin Fronteras recuerda que la aplicación sin discernimiento y según criterios ideológicos discutibles de una ley como esta violaría los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que Paraguay se comprometió a respetar como Estado miembro de la OEA.
Claras opositoras al golpe del 22 de junio, “las radios comunitarias son con frecuencia víctimas de la hostilidad de los ‘caudillos’ políticos locales”. Lo vemos actualmente con Radio Canindeyu, que desarrolló un importante trabajo informativo sobre la masacre del 15 de junio en Curuguaty [uno de los pretextos utilizados por los parlamentarios para destituir a Fernando Lugo once días después –N. de la R.], nos explica un periodista de una radio independiente de Asunción. “Éstas están muy mal consideradas por la Unión de Radiodifusores de Paraguay, una de las primeras organizaciones que se reunió con el nuevo gobierno de Federico Franco”.