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COMUNICADO IPYS

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera un grave riesgo para la libertad de información periodística y en general para las actividades de investigación, la  promulgación de la denominada Ley de Delitos Informáticos, que penaliza de manera indiscriminada la utilización de datos o bases de datos en plataforma electrónica. El IPYS lamenta que esta penalización indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse la norma. El resultado será la persecución de  múltiples actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son completamente lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas del Estado. Por otra parte, la ley trasunta un injustificado temor hacia las nuevas tecnologías de la información y debilita la política de Gobierno Abierto declarada por el Poder Ejecutivo, que promueve precisamente lo contrario; esto es, la utilización masiva bases de datos del Estado. A su vez, la norma asume una equivocada comprensión sobre la información relacionada con la seguridad nacional. Y es que sanciona las conductas que afectan informaciones clasificadas como secretas por razones de seguridad nacional, pero generaliza e incluye a documentos que lleven el sello de “información clasificada”; los cuales, como se sabe, muchas veces no son secretos ni afectan la seguridad nacional. Por estas consideraciones, el IPYS exige una urgente rectificación de la Ley de Delitos Informáticos, sobre todo considerando que no hubo el mínimo esfuerzo de debate amplio, sereno y especializado por parte del Congreso de la República antes de aprobarla.

Manifestantes contra Proyecto minero amenazan a propietario de radioemisora con expulsarlo

ALERTA / 
Publicado el 11/06/2013
Manifestantes contra Proyecto minero amenazan a propietario de radioemisora con expulsarlo

El  5 de junio de 2013, José Burga Silva, propietario de radio Sonora Amistad de Sorochuco, provincia de Celendín, recibió de parte de unos 30 pobladores, que se oponen al proyecto minero Conga, la amenaza de que o evita noticias a favor de esa actividad extractiva, o de los contrario lo expulsarán de la comunidad. El hecho ocurrió en la región Cajamarca, al norte de Perú

Burga expresó al IPYS su preocupación, y detalló que la delegación fue hasta el local de la radioemisora, como parte de un acuerdo tomado un día antes en una asamblea, donde a propuesta de los dirigentes  decidieron expulsar la radioemisora por dedicarse a difundir noticias que promueven la inversión privada, particularmente la minería en la región. La asamblea habría sido convocada por el alcalde de Sorochuco, Eder Abanto Zelada.

El propietario de la emisora acusa que la decisión de la asamblea se da a raíz que se negó aceptar publicidad de organizaciones que se oponen al proyecto Conga, porque considera que sus spots son ofensivos al gobierno, a la inversión privada y al orden democrático. La emisora retrasmite el noticiero “Habla Cajamarca” de radio La Beta, cuyos estudios están instalados en la capital de Cajamarca.

Ante la proximidad de una movilización programada para el próximo 17 de julio, Burga dijo temer por su integridad y la de su personal, así como por la infraestructura de su radioemisora, que podría ser objetivo de las protestas; y responsabilizó de lo que pueda pasar a Percy Zamora y a Flavio Rodríguez, Presidente del Comité de Medio Ambiente y  presidente de las Rondas Urbanas de Sorochuco, respectivamente.

El proyecto minero Conga, que pretende explotar la empresa Yanacocha, cuyo principal accionista es la estadounidense Newmont, estima una producción potencial anual de entre 480,000 y 780,000 onzas de oro y de 90,000 toneladas de cobre fino, durante 15 años aproximadamente. El proyecto minero se encuentra por el momento suspendido por el gobierno  peruano, a partir de unas protestas que se iniciaron en noviembre de 2011.

El IPYS hace un llamado a los dirigentes opositores a la minería en la región Cajamarca, llamar a la cordura a sus activistas y evitar agresiones de los  periodistas y comunicadores, quienes desarrollan su labor al amparo de las normas que defienden la libertad de expresión. Igualmente, pide a la gobernación de Cajamarca garantizar la seguridad de las instalaciones de la radioemisora en las próximas movilizaciones en la zona.


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