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COMUNICADO IPYS

Como es público, en el año 2014, Odebrecht fue un auspiciador de los Premios Nacionales de Periodismo, que entregan el IPYS y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El monto recibido por el IPYS para el lanzamiento y organización del premio en 2014 y parte del 2015, es de US$ 220,150. El convenio entre el IPYS y la empresa ​que circula en redes,  y que está tomado de nuestra página web, corresponde a un acuerdo por dos años, rescindido en junio del  2015, rescisión que fue publicada en su momento, ante las evidencias de corrupción de la empresa aparecidas en Brasil. A partir de junio de 2015 ​y hasta hoy, ​los Premios son auspiciados por otras empresas e instituciones, conforme puede apreciarse en  la web de esta actividad. Ninguno de estos auspicios comprometió la orientación de los premios ni la independencia del IPYS en el cumplimiento de su misión. 

Asamble nacional aprueba leyes que amenazan la libertad de expresión

ALERTA / 
Publicado el 15/12/2010
Asamble nacional aprueba leyes que amenazan la libertad de expresión

El 14 y 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, en primera discusión, el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que incluye restricciones para los contenidos de internet, y el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL), que amplía el control del Estado sobre las licencias para medios radioeléctricos.

La reforma a la Ley Resorte incluye restricciones para los contenidos (textos, imágenes y sonidos) difundidos por radio, televisión (abierta y por suscripción) y medios electrónicos y prohíbe que estos medios difundan mensajes que puedan incitar o promover el odio y la intolerancia, inciten o hagan apología del delito, fomenten la zozobra en la ciudadanía, alteren el orden público, desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas, induzcan al homicidio o promuevan el incumplimiento del orden jurídico. Además, establece bloques de horarios restringidos a los canales que transmiten a través de servicios de televisión por suscripción. La norma contempla multas que pueden llegar a las 200 unidades tributarias (alrededor de 3 mil dólares) y la suspensión o retiro de la licencia a quienes incumplan la ley.

Según la opinión de diferentes expertos, el proyecto de ley es ambiguo y no define qué son “medios electrónicos”. En consecuencia, su aplicación quedará expuesta al criterio de las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y podría aplicarse en contenidos difundidos en blogs, redes sociales, y a través de plataformas usadas por teléfonos celulares.

Por su parte, el proyecto de reforma de la LOTEL declara como “servicio de interés público” la prestación de servicios de telecomunicaciones, radio, televisión y producción nacional audiovisual, que en la legislación vigente estaban concebidas como actividades de “interés general”; esto implica, a nivel práctico, que el Estado tendrá la potestad de revocar una licencia cuando lo considere “conveniente a los intereses de la Nación”. Además, establece que si el Estado lo considera necesario, cuando finalice el período de vigencia de una concesión, “los bienes afectados” pasarán a sus manos.

De aprobarse de forma definitiva estas leyes se verán severamente afectados el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la libre asociación en Venezuela.


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