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COMUNICADO IPYS

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera un grave riesgo para la libertad de información periodística y en general para las actividades de investigación, la  promulgación de la denominada Ley de Delitos Informáticos, que penaliza de manera indiscriminada la utilización de datos o bases de datos en plataforma electrónica. El IPYS lamenta que esta penalización indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse la norma. El resultado será la persecución de  múltiples actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son completamente lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas del Estado. Por otra parte, la ley trasunta un injustificado temor hacia las nuevas tecnologías de la información y debilita la política de Gobierno Abierto declarada por el Poder Ejecutivo, que promueve precisamente lo contrario; esto es, la utilización masiva bases de datos del Estado. A su vez, la norma asume una equivocada comprensión sobre la información relacionada con la seguridad nacional. Y es que sanciona las conductas que afectan informaciones clasificadas como secretas por razones de seguridad nacional, pero generaliza e incluye a documentos que lleven el sello de “información clasificada”; los cuales, como se sabe, muchas veces no son secretos ni afectan la seguridad nacional. Por estas consideraciones, el IPYS exige una urgente rectificación de la Ley de Delitos Informáticos, sobre todo considerando que no hubo el mínimo esfuerzo de debate amplio, sereno y especializado por parte del Congreso de la República antes de aprobarla.

Presidente regional querella periodistas considerados de oposición a su gestión

ALERTA / 
Publicado el 21/08/2013
Presidente regional querella periodistas considerados de oposición a su gestión
El 20 de agosto de 2013, se dio a conocer una nueva querella planteada por el presidente regional de la región Áncash, César Álvarez Aguilar, esta vez contra los periodistas César Quino Escudero, Santos Paredes García  y Noé García Velásquez a quienes acusa de presunta difamación, y por lo cual ha solicitado un millón de nuevos soles (US$ 360 mil dólares) como pago de reparación civil en cada caso. Áncash es una región al noreste del país.
 
Santos Paredes, director de "La Verdad no mancha”, de canal 55 de Chimbote, contó al IPYS que el 19, 20 y 21 de abril dedicó su programa a opinar de forma crítica sobre unos enfrentamientos protagonizados por el presidente regional Álvarez dentro de una universidad pública. 
 
Según la denuncia que recibiera el pasado 19 de agosto, el presidente regional lo acusa de que los términos que el periodista usó en sus comentarios, y el mostrar la portada de una revista capitalina que lo llamó corrupto, son actos que lesionan su honor, razones de la querella que alcanzan a García Velásquez, conductor de "En Democracia" del  mismo canal 55, como tercer responsable en su calidad de representante de la estación.
 
 Quino Escudero, director de la revista “El Observador”, ha dicho a un informativo vía web que Álvarez Aguilar se ha molestado por la portada que le diera en su publicación, en la que expuso los juicios que siguen en proceso. “No quiere que demos nuestro punto de vista como periodistas. Tiene miedo a la prensa decente, independiente”, ha añadido.
 
En todo caso, los periodistas, que han rechazado la demanda, han coincidido en señalar que se trata una conocida maniobra del presidente regional de Áncash para silenciarlos por su posición crítica frente a la gestión del mandatario regional.
 
Los procesos de querella contra Quino, Paredes y García  están  en el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, que despacha la jueza Susana Quispe Trujillo, quien tramita otras denuncias de difamación interpuestas por Álvarez contra más periodistas. La magistrada ha sido también cuestionada por los gremios del periodismo local que el 21 de agosto sesionaba sobre qué hacer respecto a estos nuevos casos.
 
Una fuente, que prefirió guardar su nombre en reserva, contó al IPYS que el presidente regional maneja dos canales de TV en Áncash, y que al menos cinco periodistas admiten apoyarlo, además de usar sus medios para abogar por él ante el público sobre varios cuestionamientos y casos que han pasado a la justicia, incluyendo contra periodistas opositores y críticos.
 
El IPYS ha reportado desde hace varios años una serie de alertas sobre agresiones contra la prensa de las que Álvarez ha sido acusado, como protagonista directo o indirecto, usando vía judicial, a otros funcionarios de su gestión y a personal de seguridad a su cargo.
 

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