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COMUNICADO IPYS

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera un grave riesgo para la libertad de información periodística y en general para las actividades de investigación, la  promulgación de la denominada Ley de Delitos Informáticos, que penaliza de manera indiscriminada la utilización de datos o bases de datos en plataforma electrónica. El IPYS lamenta que esta penalización indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse la norma. El resultado será la persecución de  múltiples actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son completamente lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas del Estado. Por otra parte, la ley trasunta un injustificado temor hacia las nuevas tecnologías de la información y debilita la política de Gobierno Abierto declarada por el Poder Ejecutivo, que promueve precisamente lo contrario; esto es, la utilización masiva bases de datos del Estado. A su vez, la norma asume una equivocada comprensión sobre la información relacionada con la seguridad nacional. Y es que sanciona las conductas que afectan informaciones clasificadas como secretas por razones de seguridad nacional, pero generaliza e incluye a documentos que lleven el sello de “información clasificada”; los cuales, como se sabe, muchas veces no son secretos ni afectan la seguridad nacional. Por estas consideraciones, el IPYS exige una urgente rectificación de la Ley de Delitos Informáticos, sobre todo considerando que no hubo el mínimo esfuerzo de debate amplio, sereno y especializado por parte del Congreso de la República antes de aprobarla.

Incautan equipos a cinco emisoras de radio

ALERTA / 
Publicado el 21/11/2011
Incautan equipos a cinco emisoras de radio

El 3 y 4 de noviembre de 2011, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y efectivos de la Guardia Nacional incautaron los equipos de cinco emisoras, dos en el estado Falcón y tres en el estado Zulia, ambos al noroeste del país.

Las emisoras que fueron sancionadas son Enamórate 95.3FM y Viajera 101.7Fm, en Falcón, y las radiodifusoras Machiques Stereo 106.7Fm, Romance 104.3FM y K´lor 92.1Fm que se encuentran en Zulia.

En general,  se sabe que pese a que las administraciones de las radioemisoras llevaron a cabo sus procedimientos legales, CONATEL nunca les comunicó el estado de sus concesiones  definitivas lo que colocaba en una suerte de “limbo” a las estaciones que operaban por años sin saber realmente si actuaban al margen de la ley.

Pero también hay casos más complejos. El presidente de K´lor 92.1fm, José Ramón Socorro, aseguró que la emisora tiene más de quince años operando legalmente, pero que la habilitación de la concesión no está a su nombre, sino a nombre de un ex socio, ahora desvinculado de la empresa.

Socorro indicó que podría existir una relación entre la confiscación de los equipos y una visita que realizó CONATEL a la emisora hace dos meses, que él atribuye a la presencia de programas de opinión críticos al gobierno.

El director de Viajera 101.7fm, Jackson Pereira, en su caso, atribuye la medida de CONATEL  a conflictos entre el ex alcalde de la ciudad de Coro y la gobernadora de Falcón, debido a que el ex funcionario tenía en la estación dos programas en que la criticaban.

En un comunicado, el gerente de operaciones de CONATEL, Enrique Quintana, dijo que las emisoras presuntamente explotaban el espectro radioeléctrico de manera clandestina. Aseguró que la medida “no afecta la libertad de expresión” y que “resguarda el derecho de quienes en el marco de la ley han sido habilitados para el uso del espectro radioeléctrico".


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