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COMUNICADO IPYS

El IPYS considera que la condición judicial del Ministro del Interior Daniel Urresti como presunto autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, cometido por fuerzas militares en 1988, es incompatible con el cargo que ostenta y un factor que puede afectar las investigaciones.  Que un ministro llamado a defender los derechos humanos tenga un esclarecimiento pendiente por un delito de extrema gravedad en esta materia, es, además, groseramente ofensivo a los valores de un Estado Democrático. El IPYS solicita al Presidente de la República apartar al ministro de sus funciones políticas. Augusto Álvarez Rodrich (presidente); Mabel Cáceres, Luis Jaime Cisneros, Pedro Tenorio.   Lima, 7 de julio de 2014    

Periodistas denuncian ‘hackeo’ de sus cuentas en Twitter

ALERTA / 
Publicado el 12/09/2011
Periodistas denuncian ‘hackeo’ de sus cuentas en Twitter

El 4 de septiembre de 2011, la periodista Berenice Gómez y el escritor Leonardo Padrón denunciaron  el ‘hackeo’ de sus cuentas en la red social Twitter ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), en Caracas, capital del país.

La cuenta de Padrón fue ‘hackeada’ el 1 de septiembre e inmediatamente recibió una llamada anónima que en tono intimidatorio le increpaba haber publicado datos de "inteligencia" y ser “mentirosa", dijo al IPYS.

El ataque a la cuenta de  Gómez ocurrió el 3 de septiembre. Ese mismo día, un grupo anónimo denominado N33, de presuntos simpatizantes del presidente Chávez,  se atribuyó esos ‘hackeos’ y también los de las cuentas de los periodistas Ibéyice Pacheco y Jesús Torrealba  así como del dirigente político Eduardo Semtei.

N33 aseguró que la arremetida es contra “la dirigencia irresponsable y apátrida” de la oposición y al supuesto “mal uso” que hacen de la libertad de expresión. Y anunciaron que en los próximos días atacarán las cuentas de los periodistas Nelson Bocaranda y Alberto Federico Ravell.

Según la Ley de Delitos Informáticos  de Venezuela, el ‘hackeo’ de cuentas electrónicas es un delito con pena de dos a seis años de cárcel.


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