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PERÚ Informe Anual 2005 Por Carlos Bracamonte, IPYS Lima En Lima sigue ocurriendo mayor cantidad de agresiones a la prensa IPYS publicó 60 alertas en 2005. Medios suscribieron primer acuerdo para investigar asesinatos de periodistas. Durante el 2005, el IPYS difundió 60 alertas en comparación a las 73 publicadas en 2004 y las 30 de 2003. Es decir, hemos recibido un promedio de 5 denuncias al mes. Según la procedencia de la alerta, en Lima se registraron 10 alertas del total, seguida por las regiones Cusco (7), Loreto (6), Ancash (6) y Cajamarca (5). Al igual que en el 2004, Lima, Loreto, Cusco y Ancash siguen siendo las regiones donde ocurre la mayor cantidad de agresiones. El número de periodistas agredidos no necesariamente corresponde a la cantidad de alertas publicadas. Ello debido a que al momento de una o varias agresiones contra la libertad de prensa no siempre estuvo involucrado un solo periodista: tenemos registrados 64 periodistas que han sido víctimas de diversos tipo de agresiones (en algunas alertas no se pudo determinar el número dado que las amenazas o agresiones se perpetraron contra un grupo de reporteros o contra toda la plana periodística del medio). Nuevamente Lima ocupa el primer lugar con 11 periodistas, seguido por Cajamarca con 10. Tal como ocurrió en el 2004, la radio – ya sea como medio o a través de los conductores de programas – recibió la mayor cantidad de agresiones: 18. En el caso de la televisión se registraron 17 alertas y en el periodismo escrito (periódicos, revistas, semanarios, quincenarios) 16. Se ha dividido por categorías los distintos tipo de agresiones, siendo la Agresión Física la variable con mayor incidencia (20), seguida por las Amenazas de Muerte (11), perpetradas mayormente a través de las llamadas o los mensajes de texto enviados a los teléfonos móviles de los periodistas. En el 2004 también se registraron 11 intimidaciones de este tipo. Respecto a este tipo de amenazas, una de las más graves ocurrió el 5 de abril de 2005: Miguel Ángel Carpio Tananta, reportero del programa televisivo “El Informe” y Radio Marginal en Tocache, región San Martín, al noreste del país, debió abandonar su ciudad tras ser avisado de que estaba próximo a ser asesinado. Según la advertencia, la orden de ejecución provenía de la dirigencia de la agrupación nacional de agricultores de hoja de coca (cocaleros), quienes culparon al periodista de haber negociado con el gobierno central la entrega de un video de aparece su máxima dirigente, Nancy Obregón, y luego utilizado en contra del grupo. El periodista negó a IPYS haber comercializado el video, alegando que, luego de su transmisión por una televisora local, cualquiera pudo grabarlo, realizar copias y distribuirlo. La situación forzó a IPYS a tomar medidas inmediatas y asumir su seguridad fuera de Tocache, una de las principales zonas de narcotráfico y cultivo de hoja de coca del país, lo que ha generado un clima de violencia constante en la región. El periodista y su familia no han podido regresar a su ciudad. Otra de las categorías es la Acción Legal, ya sea contra el medio o contra el periodista. Este rubro ha sido dividido en Querella (la denuncia que no necesariamente tendrá asidero legal una vez que ha sido entablada) y el Proceso Judicial (el juicio o la causa abierta contra el medio o el periodista en la que se determina la detención, las citaciones y la sentencia). En cuanto a las Querellas se han recibido 3 denuncias; por otro lado, hubo 6 alertas referidas a Procesos Judiciales abiertos contra periodistas. El 5 de mayo, IPYS expresó su rechazo contra la decisión del Décimo Primer Juzgado Penal, presidido por el juez Eduardo Catacora, que un día antes responsabilizó a las periodistas Sally Bowen y Jane Holligan por el delito de difamación en agravio del empresario Fernando Zevallos, y dispuso el pago de 10 mil soles (3 mil dólares americanos) de reparación civil. En un hecho que sentó un precedente que limita la libertad expresión, Bowen y Holligan, ambas de origen británico, fueron halladas culpables de difamar a Zevallos luego de que el empresario las denunciara por incluir en su libro “El espía imperfecto” (2003) la versión de un ex agente de la DEA, Óscar Benítes Linares - corroborada por otras fuentes incluida la DEA -, que vinculó a Zevallos con el narcotráfico, delito por el que paradójicamente es juzgado en la actualidad. Bajo la lógica de este fallo, ningún periodista podría utilizar el derecho de citar el testimonio de alguna fuente y por tanto corroborar su veracidad, sin ratificar la información con una sentencia judicial previa. La sentencia fue apelada ante la Sala Superior de la Corte de Lima. El 28 de junio, el tribunal revocó por defecto de forma la condena por difamación contra las periodistas. Durante el 2005 se recibió 1 denuncia vinculada al Reglaje / Persecución / Acoso y otras 5 en la categoría Incautación de equipos o material impreso. En esta última categoría cabe resaltar el caso de la periodista freelance Marilú Gambini Lostanau que el 21 de mayo denunció haber sido víctima de un robo luego que desconocidos ingresaran a su domicilio y, tras rebuscar entre sus pertenencias, sustrajeran varios videos. La periodista, que no se encontraba en casa, descartó que se tratara de un robo común, y señaló al IPYS que ya había presentado la denuncia ante la comisaría de la ciudad. Ya el 28 de marzo, Gambini había sufrido un incidente similar cuando dos desconocidos ingresaron a su hogar, la inmovilizaron a empujones y destruyeron y robaron diversos documentos relacionados a una investigación sobre narcotráfico. Hasta el momento no se ha hallado a los responsables. Respecto a Impedimento de Cobertura se recibieron 2 denuncias y en detención arbitraria se publicaron 5 alertas. Por otro lado, hubo un intento de asesinato. El hecho ocurrió el 23 de julio: el periodista Luis Alberto Ochoa Muñoz, conductor del programa “La Voz del Pueblo”, estaba difundiendo una serie de denuncias sobre mal manejo administrativo contra Mario Ccama Chacón, gerente municipal del distrito de Santa Teresa en el Cusco, cuando el propio funcionario se presentó intempestivamente en la radio, ingresó con violencia a la cabina, sacó un revólver y disparó contra Ochoa. Afortunadamente, los disparos fueron fallidos debido al estado defectuoso de las balas. El agresor fue detenido por personal de la radio y algunos pobladores y trasladado por la policía al Centro Penitenciario San Joaquín de la provincia de Quillabamba. El Segundo Juzgado Penal de la ciudad abrió instrucción contra Ccama por el delito de Tentativa de Homicidio y Tenencia Ilegal de armas de fuego. En cuanto a legislación, el Congreso de la República, en sesión del 23 de junio, aprobó la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El IPYS expresó su preocupación por una de las modificaciones que la autógrafa de la ley hace al Texto Único Ordenado de la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La norma anunciaba el incremento arbitrario de los plazos durante los cuales se busca mantener bajo clasificación la información del SINA y la DINI. Los nuevos plazos aprobados sólo para el SINA y la DINI serían de veinte, quince y diez años para la información secreta, reservada y confidencial, respectivamente. Como lo afirmó la Defensoría del Pueblo, “no encontramos una justificación para que exista un tratamiento general de plazos de clasificación aplicable a todas las entidades públicas y uno especial aplicable única y exclusivamente a los organismos que conforman el SINA”. Por tal motivo, IPYS solicitó al Poder Ejecutivo a reflexionar sobre el efecto contraproducente que se daría en el espíritu de homogenización de las reglas de clasificación que persigue la ley 27806, si es que nuevas medidas son creadas para una entidad pública en especial. Los asesinatos Durante el 2005 no hubo asesinatos. Las organizaciones periodísticas del país (Consejo de la Prensa Peruana - CPP, la Sociedad Interamericana de Prensa - SIP, IPYS) realizaron diversos esfuerzos para que las investigaciones y procesos judiciales contra los acusados de los asesinatos cometidos en el 2004 no quedaran impunes (Antonio de la Torre, Región Ancash ocurrido en febrero de 2004; y Alberto Rivera, Región Ucayali, abril de 2004). El 20 de septiembre se suscribió la “Declaración de Pucallpa”. Acta que se constituyó como el primer esfuerzo conjunto de la prensa peruana para esclarecer el asesinato de un periodista. El CPP, la SIP e IPYS, directivos, editores, periodistas y profesionales de los medios de comunicación acordaron acciones orientadas a defender la profesión. Se tomó como primer caso el seguimiento a las investigaciones por el asesinato de Alberto Rivera. Se acordó además, condenar el asesinato y reclamar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público, las garantías necesarias para el ejercicio profesional y en especial el esclarecimiento de los crímenes contra periodistas aún impunes. Al mismo tiempo, solicitar al Congreso de la República que perfeccione la legislación para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de estos asesinatos y que adopte el principio de no prescripción de los crímenes contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, los adherentes se comprometieron a: integrar un equipo especializado de periodistas de investigación de los diferentes medios de comunicación para profundizar las denuncias periodísticas realizadas por los periodistas victimados, cuyos resultados se publicarán simultáneamente en los medios participantes. Además, se organizarán seminarios regionales para la capacitación de periodistas y editores en la cobertura de asuntos de alto riesgo, ética y desarrollo profesional; y a continuar impulsando en nuestros medios de comunicación campañas de educación pública en contra de los crímenes a periodistas, la impunidad, y el valor de la libertad de expresión. Respecto al asesinato de Antonio de la Torre, el 14 de diciembre concluyó el juicio. La Corte Superior de Justicia de Áncash sentenció al alcalde de Yungay Amaro León y los otros dos acusados a 17 años de prisión y una reparación civil de 20 mil soles para cada uno por el crimen del periodista Antonio de la Torre Echadía, asesinado en Yungay, provincia de la región Ancash, el 14 de febrero de 2004. La fiscal superior de la Primera Fiscalía de Ancash, Áurea Maguiña Salazar, pidió 20 años de prisión para Amaro León y la misma pena para los acusados de autoría material: Antonio Torre Camones, Pedro Ángeles Figueroa e Hipólito Casiano. Este último fue absuelto por el beneficio de la colaboración eficaz. Asimismo la Corte ordenó la reparación civil de 20 mil soles para la viuda Dina Ramírez Ramírez y sus tres hijos menores. Los cuatro han sido víctimas de permanentes actos intimidatorios. Otros dos acusados, Enma León (hija del alcalde) y Moisés David Julca (sicario contratado para apuñalar a De la Torre), permanecen prófugos de la justicia, aunque pesa sobre ellos una orden de captura nacional con impedimento de salida del país. Finalmente, la Corte Superior de Ancash, presidida por José Miguel Alarcón, sentenció a Antenor Figueroa, a cuatro años de prisión por destruir y quemar el puesto de abarrotes que la señora Ramírez tenía en el mercado de Yungay. La defensa de Amaro León ha impugnado la sentencia y solicitado su nulidad. El caso pasará a la Corte Suprema de Lima. Los agresores Según el tipo de agresor, el IPYS ha determinado 13 denuncias para la categoría “desconocidos” que, sobre todo, recurrieron a las intimidaciones anónimas, tres menos que las del 2004. Los sigue el Poder Judicial por las acciones legales realizadas (8), dos más que en 2004, y las agresiones consumadas por turbas o manifestantes (5), dos menos que el año pasado. Cabe destacar la disminución de las agresiones por parte funcionarios de los gobiernos locales. De 15 alertas donde eran acusados como agresores en el 2004, el número disminuyó a 5 en el 2005 (entre funcionarios municipales, regionales y pertenecientes a alguna dependencia estatal). No obstante, el personal de seguridad de las diversas dependencias e instituciones del Estado fueron denunciados en cinco oportunidades como autores de las agresiones. II. RESEÑA DE CASOS POR CATEGORÍA ASESINATOS 14 de diciembre La Corte Superior de Justicia de Áncash sentenció al alcalde de Yungay Amaro León y los otros dos acusados del crimen del periodista Antonio de la Torre Echadía, asesinado en Yungay el 14 de febrero de 2004, con 17 años de prisión y una reparación civil de 20 mil soles por cada uno. La fiscal superior de la Primera Fiscalía de Ancash, Áurea Maguiña Salazar, pidió 20 años de prisión para Amaro León y la misma pena para los acusados de autoría material: Antonio Torre Camones, Pedro Ángeles Figueroa e Hipólito Casiano. Este último fue absuelto por el beneficio de la colaboración eficaz. Asimismo la Corte ordenó la reparación civil de 20 mil soles para la viuda Dina Ramírez Ramírez y sus tres hijos menores. Los cuatro han sido víctimas de permanentes actos intimidatorios. Otros dos acusados, Enma León (hija del alcalde) y Moisés David Julca (sicario contratado para apuñalar a De la Torre), permanecen prófugos de la justicia, aunque pesa sobre ellos una orden de captura nacional con impedimento de salida del país. Finalmente, la Corte Superior de Ancash, presidida por José Miguel Alarcón, sentenció a Antenor Figueroa, a 4 años de prisión por destruir y quemar el puesto de abarrotes que la señora Ramírez tenía en el mercado de Yungay. La defensa de Amaro León ha impugnado la sentencia y solicitado su nulidad. El caso pasará por eso a la Corte Suprema de Lima, a más tardar en la quincena de enero de 2006. ACCIONES LEGALES Querellas 25 de enero Ingresó a la Decimotercera Fiscalía de Circuito de la ciudad de Panamá una denuncia contra el periodista del diario “El Comercio” de Lima, Pablo O’Brien Cuadros, en la que se le imputan delitos “contra la fe pública y de falsedad ideológica (falsificación)”. La denuncia fue interpuesta el 9 de julio de 2004 por la cervecería colombiana Bavaria, a través de su representante Jaime Lombana, con la intención de refutar información publicada por el diario peruano y que sería clave en el destape de una supuesta coima pagada por la empresa a uno de los principales asesores del presidente de Perú Alejandro Toledo. Según lo publicado, la Dirección General de Aeronaútica Civil de Panamá intervino a un alto empleado de Bavaria, cuando se disponía a viajar a Perú en un avión de la empresa, por llevar un millón 700 mil dólares en efectivo. Dicha intervención habría sido registrada en la bitácora de seguridad del aeropuerto y sería la principal prueba para demostrar tanto la existencia como el traslado del dinero. Bavaria niega rotundamente cada uno de estos hechos, incluida la realización del viaje. En declaraciones a IPYS, O’Brien – que no ha recibido aún notificación por parte de la Fiscalía – reafirmó la información publicada en “El Comercio” y señaló que la intención de Bavaria consiste únicamente en anular una prueba vital de la investigación. 31 de marzo La periodista Mabel Cáceres, directora del semanario “El Búho” de la región sureña de Arequipa, fue acusada de extorsión por el abogado del rector de la Universidad de San Agustín (UNSA) Rolando Cornejo Cuervo, quien mantiene una nueva querella por difamación contra la periodista desde enero de 2005. Cáceres ha sido objeto de diversos actos intimidatorios, incluyendo amenazas de muerte y campañas de desprestigio anónimas, desde que revelara serias irregularidades en la administración de la UNSA en 2003. En la última acusación, enviada a Cáceres mediante carta notarial, el abogado Sierra López afirmó que la periodista le exigió dinero, durante un diálogo entre ambos y en presencia de testigos, a cambio de no publicar información que lo perjudicara. La periodista sostiene que si bien el diálogo entre ambos existió, sólo hablaron sobre la nueva querella por difamación que le interpusieron el propio Sierra y el rector Cornejo Cuervo en enero y que está siendo evaluado por el Primer Juzgado Penal de Arequipa. Ésta es la tercera querella por difamación interpuesta por Cornejo contra la directora de El Búho. Fue absuelta en las dos anteriores. 20 de mayo El congresista de la República, Víctor Valdez Meléndez, dio una golpiza al periodista Rufino Zambrano Pinto, del diario “Ahora” de Pucallpa, al este del país. El hecho ocurrió luego que el parlamentario declarara ante el Tercer Juzgado Penal de la provincia de Coronel Portillo, en la demanda que le sigue a “Ahora” por difamación, interpuesta el 28 de marzo de 2005. El político busca una reparación civil luego que el diario lo responsabilizara de haber organizado una protesta popular dos meses antes, que terminó en el destrozo de edificios públicos. Zambrano contó al IPYS que preguntó a Valdez, a su salida del juzgado, si se ratificaba en su denuncia contra el diario. Ante la respuesta afirmativa, el periodista le increpó que mentía, y que el medio tenía pruebas en vídeo y testigos del hecho. También le reclamó por qué no denunciaba a otros medios de la zona, que cuestionan su vida privada. Ahí Valdez reaccionó con violencia. Proceso Judiciales 19 de enero El director del diario “El Comercio” del Cusco, Julio Jara Ladrón de Guevara, fue condenado a un año de prisión suspendida por el juez del Tercer Juzgado Penal de esa ciudad, Miguel Ángel Castelo Andía. La decisión judicial también determina el pago de 16 mil nuevos soles a favor del Estado y de mil nuevos soles en beneficio del denunciante, Rafael Córdova Paliza. De acuerdo al fallo del magistrado, el medio de comunicación que dirige Jara Ladrón de Guevara cometió difamación en agravio de Córdova Paliza, ex funcionario del gobierno regional del Cusco, al haber publicado una nota donde se denuncia a Jara por estafa y robo en contra de un grupo de campesinos. 4 de febrero La Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, al sureste del país, desestimó un recurso de nulidad presentado por la defensa del periodista Luis Aguirre Pastor y ratificó una sentencia de inhabilitación para ejercer la profesión periodística por un año. Aguirre, director y conductor del noticiero radial “La Voz de Madre de Dios”, fue enjuiciado por difamación e injuria en 2003. En respuesta, el 18 de febrero el abogado del periodista, Dr. Raúl Solorio, presentó una acción de amparo contra el dictamen, recurso que - según explicó la defensa - deberá ser derivado a la Corte Superior de la región Cusco, limítrofe con Madre de Dios, para que se pronuncie como instancia dirimente. La inhabilitación se argumenta sobre la base de que Luis Aguirre no posee título universitario ni está agremiado al Colegio de Periodistas. En Perú no existe ley que exija colegiatura o título para ejercer el periodismo. La sentencia también condena al periodista a dos años de pena privativa de la libertad por los delitos de difamación e injuria cometidos en su programa radial y, aunque el periodista no está en prisión, deberá pagar una reparación civil de 10 mil soles (poco más de tres mil dólares americanos). 4 mayo El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó su rechazo contra la decisión del Décimo Primer Juzgado Penal, presidido por el juez Eduardo Catacora, que el 4 de mayo responsabilizó a las periodistas Sally Bowen y Jane Holligan por el delito de difamación en agravio del empresario Fernando Zevallos, y dispuso el pago de 10 mil soles (3 mil dólares americanos) de reparación civil. En un hecho que sienta un precedente que limita la libertad expresión en aspectos fundamentales para los ciudadanos, Bowen y Holligan, ambas de origen británico, fueron halladas culpables de difamar a Zevallos luego de que el empresario las denunciara por incluir en su libro “El espía imperfecto” (2003) la versión de un ex agente de la DEA, Óscar Benítes Linares - corroborada por otras fuentes incluida la DEA -, que vinculó a Zevallos con el narcotráfico, delito por el que paradójicamente es juzgado actualmente. Bajo la lógica de este fallo, ningún periodista podría utilizar el derecho de citar el testimonio de alguna fuente y por tanto corroborar su veracidad, sin ratificar la información con una sentencia judicial previa. El juez se reservó la sentencia contra las periodistas hasta que culmine el proceso penal que se le sigue al polémico empresario; sin embargo, la reserva del fallo condenatorio no exceptúa el pago de la reparación civil que se fijó en 10 mil soles. La sentencia fue apelada por las dos partes de la querella por lo que ésta será revisada en una Sala Superior de la Corte de Lima. 11 abril El Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, a cargo de María Gutarra Morote, abrió instrucción contra el periodista Mauricio Aguirre Corvalán por el delito de revelar Secretos de Interés Nacional en agravio del Estado, a través del programa televisivo “Cuarto Poder” de Lima, cuando ocupaba el cargo de director periodístico. La denuncia responde a la difusión, en septiembre de 2003, de un vídeo grabado en 1998 por uno de los hijos del ex presidente Alberto Fujimori, donde aparece el entonces mandatario en una reunión con el Consejo de Defensa Nacional tratando temas relacionados al conflicto bélico entre Perú y Ecuador. Aguirre deberá presentarse el próximo 2 de junio ante el juzgado. El periodista indicó a IPYS que en el programa sólo se difundieron extractos del material visual, llevado por el Jefe de Prensa de la agrupación política “Sí cumple” de Fujimori, Carlos Raffo Arce, a quien estaban entrevistando. Raffo está incluido en el proceso. Además, el periodista indicó que dichas imágenes fueron utilizadas para el video de campaña de re reelección de Fujimori en el 2000. Es decir, no era la primera vez que salían al aire. El juzgado ordenó comparecencia restringida (no cambiar de domicilio ni salir de Lima) contra el periodista y el depósito de diez mil nuevos soles (3 mil dólares US) por concepto de caución económica. 15 de julio La periodista Mabel Cáceres Calderón, directora del semanario “El Búho” de la región Arequipa, fue sentenciada a un año de prisión por difamación en agravio de Miguel Sierra López, abogado del rector de la Universidad de San Agustín (UNSA) Rolando Cornejo Cuervo. El fallo será revisado por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Arequipa, que debe pronunciarse en los próximos días. Según el dictamen, la periodista – que además tendría que pagar 460 nuevos soles de multa (140 dólares americanos) – cometió el delito de difamación al ser coautora de una serie de notas que dañan la honra de Sierra. El juez no determina quiénes serían los otros responsables de la publicación. Según Cáceres, tampoco se fundamenta el delito de difamación o si su intención es dolosa, lo que dejaría sin efecto su responsabilidad penal. Para la periodista la verdadera intención de Sierra es impedir que se publique información que lo perjudique. Ya el 31 de marzo último, mediante carta notarial, Sierra la acusó de extorsionarlo a cambio de no publicar información que lo desacreditara (alerta de IPYS del 8 de abril), acusación que la periodista rechazó. 2 de septiembre La Primera Sala Penal de Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Perú declaró nula la sentencia que absolvía al periodista Pedro Salinas Chacaltana del delito de difamación contra el congresista oficialista, Jorge Mufarech Nemy. El juzgado argumenta que Salinas presentó un vídeo como parte de su defensa que no fue visto oportunamente, y ello se convertía en causal de nulidad de la sentencia. La querella del congresista exige tres años de cárcel para Salinas y una indemnización de un millón de dólares. La defensa del periodista señala que tal explicación no tiene asidero debido a que el caso fue zanjado el 19 de noviembre de 2004, por el Vigésimo Juzgado Penal de Lima que no consideró el delito de difamación contra el periodista y, por tanto, no tomó en cuenta las pruebas presentadas por la defensa. El proceso se inició en enero de 2004 con una querella por difamación interpuesta por el legislador a raíz de dos artículos de opinión de Salinas publicados en el diario Correo en diciembre del 2002 y en marzo del 2003 donde se critica la actuación pública de Mufarech. Tras la sentencia, el congresista apeló a la Primera Sala Penal con Reos Libres. Con el nuevo fallo, el caso vuelve a fojas cero. Salinas, notificado del dictamen el 21 de septiembre último, considera que ésta es una maniobra del legislador para silenciar a la prensa. 18 de octubre Los periodistas Rolando Rodrich Sarango y Luis Fernando Bahamonde Amaya, director y editor del diario Correo de Trujillo, respectivamente, fueron condenados por difamación a dos años de pena privativa de la libertad por el juez César Ortiz Mostacero, del Noveno Juzgado Penal del Distrito Judicial de La Libertad, región al noroeste del país. Los periodistas fueron denunciados por Jorge Benítes Vásquez, luego de que el 22 de mayo último el diario revelara que Benítes tenía varios procesos judiciales abiertos en su contra y que, con estos antecedentes, había sido contratado en Chavimochic, proyecto del Estado. La sentencia indica que con la información que reveló el diario, se presentó a Benítes como un delincuente cuando éste no registra antecedentes penales dañando así su honra. Los periodistas señalaron que las acusaciones contra Benítes existen y que constan en el registro judicial y que sólo se remitieron a publicar hechos reales. AGRESIONES FÍSICAS 4 de enero El camarógrafo del noticiero “América Noticias” de Canal 4 de Lima, Elmer Valdivieso, fue agredido con una piedra mientras hacía tomas de la confusa situación que se vive en la comisaría de Andahuylas, al sureste del país, donde unos 150 integrantes del movimiento "Etnocacerista" tomaron un gran contingente de armas, mataron a cuatro policías y se mantienen atrincherados en el local policial con cerca de veinte rehenes. Según el testimonio del reportero y compañero de Valdivieso, David Vidal, el camarógrafo fue atacado por una turba de seguidores del mayor en retiro y líder del movimiento, Antauro Humala, detenido por la policía la madrugada del 4 de enero. Hasta el momento, se sabe que existen conflictos entre los insurgentes pues no todos están dispuestos a entregar las armas a pesar de la detención de su dirigente máximo. En este ambiente de tensa espera, Valdivieso fue agredido con una pedrada a la altura del ojo derecho propinada por un grupo de pobladores. El camarógrafo ha sido trasladado el centro de salud de Andahuaylas. 4 de enero La periodista Maruja Castro Sansaya y su camarógrafo Miches Gómez Gudiel, del canal TV Sur de Cuzco, fueron agredidos física y verbalmente por la dueña de la cadena de boticas “El Milagro”, Claudia Muñiz Maldonado. El hecho ocurrió en la región Cuzco, al sureste del país. Un día antes de la agresión, el diario “El Comercio” de Cuzco publicó una nota sobre un operativo realizado por la Dirección Regional de Salud, a través de la Dirección Regional Encargada de Medicamentos Insumos y Drogas (DIREMID), que terminó con la incautación masiva de medicamentos vencidos ofrecidos al público. Entre los locales supervisados figuró la cadena de boticas “El Milagro”, según indicó el propio Director de Salud de la zona, Danilo Villavicencio. Publicada esta información, la periodista y su camarógrafo buscaron a Muñiz para conocer su versión. Fue entonces que la empresaria reaccionó de manera impulsiva, insultó al equipo reporteril y le propinó dos golpes en el rostro a Castro mientras desmentía la información. Luego amenazó a la periodista con denunciarla por violación de la propiedad privada; no obstante, la reportera había ingresado a la farmacia mientras estaba abierto al público. 11 de enero Miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Hipólito Unanue de Lima golpearon a los periodistas Yoice Pacori, del diario “Correo”, y José Díaz, de “América Televisión”, cuando habían ido a buscar información a dicho hospital acerca de la extraña muerte de una ciudadana colombiana. La agresión ocurrió al mediodía en el distrito de El Agustino. Pacori contó a IPYS que llegó al hospital a recabar información sobre el deceso de la ciudadana colombiana provocado, al parecer, por negligencia médica en una clínica. “No nos pidieron nuestra identificación, así que ingresamos a indagar sobre el caso. Pero cuando fuimos descubiertos comenzó el problema”, señaló. Varios integrantes de seguridad hicieron pasar a ambos reporteros a una caseta para solicitarles algunos datos, según dijeron al principio. Luego, les pidieron sus credenciales, las cuales fueron finalmente retenidas. Cuando los periodistas se dirigían hacia la salida del hospital, aparecieron cinco integrantes de la Unidad de Seguridad que intentaron arrebatarle la videograbadora a José Díaz. Ante la resistencia de éste, empezaron a golpearlo. Frente a la impotencia, Pacori sólo atinó a sacar su cámara fotográfica para realizar tomas del ataque contra su colega. Fue entonces que también trataron de quitarle su equipo. Durante el forcejeo, la periodista quiso comunicarse con el diario a través de su teléfono móvil: “El jefe de seguridad me cogió por la espalda y me tiró al suelo”, narró la periodista. “Cuando intenté hacer una llamada telefónica, me arrancharon el celular”, reveló. 16 de enero Cerca de cuarenta comuneros, portando revólveres y palos, ingresaron violentamente a las instalaciones de “Radio Néctar” y destruyeron las oficinas y equipos de transmisión de la empresa. Los agresores justificaron sus actos señalando haber sido insultados al aire momentos antes. El propietario del medio, Mariano Núñez Guevara, desmintió las acusaciones. Los desmanes ocurrieron en el distrito de Nueva Cajamarca, región San Martín, al norte del país. Núñez Guevara contó al IPYS que momentos antes del ataque se realizaba una asamblea en la ciudad convocada por el Frente de Defensa de los intereses de Nueva Cajamarca, agrupación a la que pertenecen los agresores. Los pormenores de dicho encuentro (que trataba las acusaciones que pesan sobre el gobernador de Rioja por varios delitos y la conducta de las autoridades judiciales de la zona ante el caso), fue transmitido por todos los medios de comunicación de la ciudad, incluyendo “Radio Néctar”. 29 de enero El periodista Fernando Valverde Lavado del diario “Ya” de Pomabamba, Región Ancash, al noreste del país, fue interceptado y golpeado en plena vía pública por los hermanos Gilfor y Gib Alva Sotomayor. Alrededor de veinte personas presenciaron el hecho y salvaron al periodista de ser apuñalado. Según Valverde, la agresión sería en represalia por investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento irregular de la Universidad de Los Ángeles, filial Pomabamba, la que estaría operando sin licencia y violando la ley. Los agresores, identificados por los testigos del hecho, son hijos de Joaquín Alva Fontenla, coordinador de dicha universidad. Tras la agresión, Fernando Valverde fue trasladado de emergencia al hospital de la ciudad, luego presentó una denuncia ante la Región Policial de Pomabamba y solicitó a la Sub Prefectura de la localidad las garantías necesarias para la protección de su integridad. 26 de marzo Un grupo de 15 policías municipales agredió físicamente al periodista Víctor Abel del Castillo Saavedra, de TV Sur Canal 9, provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo. La golpiza se cometió en la Plaza Nazarenas de la ciudad del Cusco, al sureste del país. Del Castillo Saavedra se encontraba en la plaza con amigos cuando cinco policías municipales les ordenaron que se fueran del lugar. Como no hicieron caso, arguyendo que se trataba de un lugar público, llegó entonces una camioneta de la que descendieron diez policías municipales más, que arremetieron contra ellos. 28 de marzo Dos sujetos no identificados ingresaron al domicilio de Marilú Gambini Lostanau, periodista freelance de la ciudad norteña de Chimbote, la inmovilizaron a empujones y destruyeron y robaron diversos documentos relacionados a una investigación periodística en curso. Gambini denunció de inmediato la agresión ante la policía. La periodista contó a IPYS que los sujetos entraron disfrazados de albañiles, aprovechando que su casa estaba siendo refaccionada. Tras ubicarla en uno de los cuartos, uno de ellos la cogió del cuello y la inmovilizó en el piso, mientras el otro rebuscaba entre sus archivos periodísticos, documentos foliados, CDs, vídeos y casetes. Los agresores tenían interés en documentos muy específicos y exigieron a Gambini que dijera dónde encontrarlos. Se trata de información sobre un caso de narcotráfico cuyo primer artículo fue publicado en abril de 2004 y en el que estarían involucradas diversas autoridades. Gambini no descartó que los atacantes pudieran ser militares. 12 de abril El periodista César Hildebrandt Chávez, del programa televisivo “La Ventana Indiscreta” de Lima, fue golpeado por familiares de la teniente de la Policía Nacional, Lady Bardales Castillo, integrante del cuerpo de seguridad de Palacio de Gobierno. Durante la agresión le robaron su cámara de vídeo y documentos vinculados a la investigación. Hildebrandt Chávez señaló que acudió a la casa de la familia de Lady Bardales, situada en la ciudad norteña de Chiclayo, en busca de información sobre presuntos desvíos de fondos públicos a favor de los parientes de la agente policial. Meses atrás, un sector de la prensa vinculó sentimentalmente a Bardales con el presidente Alejandro Toledo. Luego de identificarse como periodista, fue interceptado por el policía retirado Hipólito Bardales Cáceres y por el suboficial de tercera de la Policía Nacional, Joel Nazareno Bardales Castillo, padre y hermano de la teniente, quienes lo arrojaron al piso, lanzaron puntapiés en varias partes del cuerpo y tomaron su cámara de video y demás documentos. El periodista escapó de sus agresores y acudió a la comisaría más cercana para denunciar el hecho. Un médico legista constató las agresiones sufridas. Horas más tarde, bajo la presencia del representante del Ministerio Público, Víctor Tiñedo Padilla, el periodista encaró al suboficial Bardales que se apersonó a local policial y negó todos los cargos. 28 de abril El embajador del Perú en España, Fernando Olivera Vega, agredió a la reportera de la emisora “CPN Radio” de Lima, Bettina Mendoza, al golpearla intempestivamente con la puerta de su vehículo provocándole una seria lesión en los ligamentos del brazo derecho. Imágenes de video mostrarían intencionalidad por parte del funcionario. Mendoza, junto a un grupo de colegas, seguía las actividades de Olivera en Lima. El embajador, luego de abandonar una reunión política en un hotel de la ciudad, había detenido su vehículo en una casa particular, mientras esperaba a que se abriera la cochera. En ese momento, la periodista se acercó con la intención de hacerle algunas preguntas; el diplomático abrió y cerró con violencia la puerta impactando a Mendoza en el brazo y el cuerpo. A su salida del lugar, Olivera señaló que los periodistas estaban invadiendo la propiedad privada y calificó el incidente como un "tropezón con la puerta”. Horas después, Olivera se comunicó con Mendoza y le ofreció disculpas reiterando que fue sin intención. Imágenes grabadas en el lugar demostrarían, sin embargo, intencionalidad en sus acciones. 8 de mayo El periodista José Atauje Tipe, corresponsal de Canal 4 y N de Lima, fue golpeado por un grupo de pobladores que estaba siendo desalojado por la policía de un terreno que había sido invadido. El hecho ocurrió en la zona de Ñahuimpuquio, a 5 km de la carretera Ayacucho – Cusco, al sureste del país. Los agresores no querían que se registraran las incidencias del desalojo por ello atacaron a Atauje quien recibió puntapiés y golpes con palos en todo el cuerpo mientras protegía su video grabadora. El periodista pudo escapar ayudado por un colega y algunos pobladores. Tanto el fiscal que dispuso el desalojo, como otros periodistas y la propia policía tuvieron que abandonar la zona en medio de una lluvia de piedras lanzada por los enardecidos pobladores. 8 de junio El equipo de prensa de Amazónica Televisión - Canal 2 integrado por la reportera Silvana Moz Mendoza y el camarógrafo Raúl Tarrillo fue agredido por manifestantes pertenecientes al Frente Patriótico de Loreto mientras cubrían las incidencias del paro de 48 horas que realizaba esta agrupación en la ciudad de Iquitos, región Loreto, al nororiente del país. En diálogo con IPYS, la reportera Silvana Moz relató que la agresión ocurrió cuando ella y su camarógrafo intentaban hacer tomas del bloqueo de las calles. Señaló que aparecieron varios sujetos desconocidos que en aparente estado de ebriedad y que se identificaron como miembros del Frente Patriótico, rodearon a los periodistas, los insultaron y golpearon con palos. 16 de junio Cuatro periodistas fueron golpeados en la región Cajamarca, al norte del país, por un grupo pobladores de la localidad de San Cirilo cuando intentaban cubrir una reunión que se realizaba como parte de la protesta contra la minera Yanacocha convocada por el Frente de Defensa del Medio Ambiente y los Intereses de Cajamarca. Los periodistas atacados fueron Luis Mego Díaz, corresponsal de América Televisión; Jaime Herrera Atalaya, de Televisión Nacional del Perú (TNP); el enviado especial del diario “Correo”, Percy Ramírez y un periodista independiente. Los comuneros reunidos reaccionaron con violencia al percatarse que los periodistas grababan los acuerdos que tomaban acerca de las actividades de protesta contra la minera. Los hombres de prensa fueron empujados, golpeados con palos y algunos de sus equipos dañados. La mayoría de los agredidos sufrieron heridas leves, siendo el más afectado Herrera Atalaya, quien sufrió lesiones graves en las piernas. 24 de junio La periodista Fabiola Noriega, del diario La República, fue agredida por personal de seguridad del presidente Alejandro Toledo, cuando le solicitaba sus declaraciones tras un acto realizado por el mandatario en Cajamarca, al norte del país. Luego de que el jefe de Estado se negara a responder las preguntas de la prensa, un agente cerró el paso a Noriega y otro la arrastró lanzándola al suelo. Indignada, la periodista alcanzó a gritarle al Presidente que había sido agredida. Toledo sólo le respondió que no iba a dar declaraciones. Según Noriega, minutos más tarde se encontró con la Primera Dama, Elianne Karp. Al preguntarle los motivos del maltrato, Karp respondió: “Qué pena pues. ¿Vas a llorar? Llora pues, llora. Te va a hacer bien”. En el avión de regreso a Lima con la comitiva presidencial, el Presidente se acercó a Noriega y ella le contó el incidente. La periodista señaló que el mandatario le ofreció disculpas. No obstante, cuando le dio a conocer su indignación por la respuesta de la Primera Dama, Toledo atinó a justificar la actitud de su esposa debido a las críticas constantes que recibe por parte de los medios. 8 de julio Los periodistas Eduardo Liñán Castañeda de canal 25, Álvaro Briones de Telenorte y el camarógrafo Daniel Urday fueron insultados y agredidos físicamente por un grupo de comuneros cuando cubrían una reunión entre pobladores y autoridades en el local de la Dirección Regional de Agricultura, en la comunidad de Combayo, a una hora de Cajamarca, ciudad al norte del país. Los agresores pugnaban por ingresar al local donde se discutiría la construcción de un dique por parte de una minera de la zona y que, según el Frente de Defensa de Combayo y Otuzco (dos distritos de la ciudad) que participaba de la reunión, afectará a la zona. Los periodistas cubrían el encuentro afuera del local cuando varios pobladores los empezaron a rodear e insultar acusándolos de tergiversar información en favor de la minera. A Urday le rompieron el visor de su videograbadora, mientras que a Briones lo golpearon en varias partes del cuerpo, Liñán Castañeda logró esquivar la agresión. 15 de julio Los periodistas Héctor Tintaya Feria de Radio la Voz de la Selva y Carlos Ampuero de Amazónica de Televisión - Canal 2 fueron agredidos por uno de los efectivos del servicio de vigilancia de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC) cuando intentaban ingresar a la sala de pasajeros del aeropuerto de Iquitos, región Loreto, al noreste del país, para cubrir el arribo de funcionarios de la FIFA. Perú será anfitrión del campeonato mundial de fútbol sub 17 en setiembre de 2005. Las imágenes captadas de la agresión y difundidas en la televisión local muestran que el vigilante les propinó golpes y puntapiés a ambos reporteros por evitar que cubrieran el hecho. Representantes de CORPAC no se han pronunciado aún ni han revelado la identidad del agresor. 26 de julio Un grupo de periodistas de diversos medios locales de la ciudad de Ayacucho, al centro del país, fue agredido por casi medio centenar de invasores de tierras mientras cubrían un operativo de desalojo realizado por la policía. Tras ser echados de la zona de Yanamilla y sin motivo aparente, los agresores atacaron a los periodistas con piedras y hondas. Los reporteros tuvieron que huir por una quebrada aledaña al lugar. Ante la magnitud del ataque, la policía lanzó bombas lacrimógenas y dispersó a los agresores. 19 de agosto El periodista Gino Márquez Álvarez y el camarógrafo Germán Huaroto Parra del programa periodístico Cuarto Poder de América Televisión, fueron agredidos físicamente por Luis Toledo Manrique – hermano del presidente de la República -, su hijo y un miembro de su seguridad, quienes además les arrebataron un micrófono de mano y las llaves del auto en el que iban. El hecho ocurrió en el distrito de Lurín, al sur de Lima. Gino Márquez señaló al IPYS que desde el 15 de agosto trabaja en una investigación periodística acerca del uso personal que le estaría dando el hermano del presidente a un automóvil del Estado. El periodista narró que la unidad móvil del programa se hallaba a unos dos kilómetros del vehículo de Toledo, cuando el hermano del presidente - que en ese momento no se encontraba dentro del automóvil - se habría percatado del seguimiento que se le hacía. Toledo interceptó con otro auto la unidad móvil del programa, bajó del vehículo y sin esperar a que se identificaran empezó a golpearlos. Su hijo y un miembro de su seguridad personal - que iban también en otro vehículo-, reaccionaron del mismo modo. Germán Huaroto sufrió el corte de una ceja y Márquez varios golpes en las piernas. El equipo reporteril sentó la denuncia en la comisaría de Lurín. 5 de septiembre El periodista Fidel Ilario Huamaní, de Radio Huancavelica, ciudad al centro del país, fue agredido por tres individuos mientras se dirigía a su casa. Ilario identificó a dos de los agresores como trabajadores de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica: Daniel Huaro y Edgar Chávez. Al momento de la golpiza, los agresores hicieron alusión a la denuncia que el periodista difundió un mes atrás sobre mal manejo administrativo en la DIRESA que terminó con la destitución del entonces director, Fidel Miranda Medina. Según el periodista, que iba acompañado por dos trabajadores de la radio, al llegar a una tienda se encontró con estas personas que empezaron a insultarlo y a recordarle la denuncia periodística que realizó. Ilario señaló que estos trabajadores se vieron perjudicados con la destitución del director anterior. El periodista terminó con heridas en el rostro y sentó la denuncia en la comisaría de la ciudad. 11 de octubre El periodista Félix Adrianzén Gonzáles, director del semanario ”El Paisa” se encontraba en su casa compaginando el próximo número de la publicación, cuando desde una de las ventanas dispararon al interior dos balazos que impactaron en la pared de la sala. Al salir, el periodista pudo ver a un hombre encapuchado que huía en una moto conducida por otro. El hecho ocurrió en la provincia de Jaén, región Cajamarca, al norte del país. Adrianzén señaló al IPYS que desconoce la procedencia de la amenaza, aunque no descarta que se deba a las denuncias periodísticas que ha realizado sobre los ataques contra la minera Majaz. Desde hace un mes, el periodista viene denunciando a grupos de comuneros, sindicatos y partidos políticos de la zona como los organizadores de diversos actos violentos contra la empresa, cuyo trabajo ha generado conflictos sociales en la zona. 16 de octubre El periodista Elías Navarro Palomino, corresponsal del diario Correo, fue agredido por familiares de un ciudadano que, en estado de ebriedad, golpeó a un policía. Los agresores quisieron impedir que el periodista diera cobertura al hecho ocurrido en Ayacucho, región al centro del país. Navarro fue atacado a pedradas. La agresión le provocó heridas en diversas partes del cuerpo. 31 de octubre El periodista José Calero Luis, de la televisora Antena 31, fue insultado y desalojado a empujones del local de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de la región Huánuco, por el jefe de dicha entidad, Marco Antonio Montalvo Torres, y personal administrativo cuando intentó solicitar una entrevista con el funcionario. El hecho ocurrió en la región Huánuco, al centro del país. El periodista sostuvo que, tras identificarse en la puerta de ingreso de la ONPE, se dirigió a la oficina de Montalvo para solicitarle su versión acerca de una denuncia sobre el robo de padrones electorales de las provincias de la región, material perteneciente al referéndum electoral realizado el 30 de octubre. Según Calero, el funcionario lo empezó a insultar sin razón alguna, le exigió que dejara de grabar y, junto al personal administrativo, lo desalojó a empellones de la ONPE. Consultado sobre el hecho por el IPYS, Montalvo negó que lo hubiera insultado o golpeado, y que se limitó a pedirle que se retirara prometiéndole una entrevista para más tarde dado que se encontraba ocupado. No obstante, señaló que el periodista insistió y que Calero tuvo un altercado personal con otro de los funcionarios de la ONPE, lo que provocó su desalojo. 29 de diciembre Los reporteros gráficos Leocadio Madera del diario “El Sol” y Wilar Lazo Molina de “El Compatriota” fueron agredidos por miembros del equipo de seguridad del presidente de la República Alejandro Toledo, que llegó a la ciudad de Cusco, al sur del país, a iniciar campañas sociales. Argumentando que los fotógrafos se encontraban en una zona restringida, efectivos de la seguridad presidencial los desalojó a golpes. Al reportero Lazo Molina lo echaron a empujones, mientras que al fotógrafo del diario “El Sol” lo golpearon varias veces en el rostro antes de sacarlo del lugar. Los reporteros no presentaron denuncias formales. AMENAZAS DE MUERTE 5 de abril Miguel Ángel Carpio Tananta, reportero del programa televisivo “El Informe” y Radio Marginal en Tocache, región San Martín, al noreste del país, debió abandonar su ciudad tras ser avisado que estaba próximo a ser asesinado. Según la advertencia, la orden de ejecución provenía de la dirigencia de la agrupación nacional de agricultores de hoja de coca (cocaleros), quienes culpan al periodista de haber negociado con el gobierno la entrega de un video de su máxima dirigente, Nancy Obregón, luego utilizado en contra del grupo. Carpio Tananta relató a IPYS que grabó dicho video el 14 de noviembre de 2004, cubriendo una audiencia pública realizada por los cocaleros para elegir a los dirigentes de un caserío de la zona. Cuatro días después, difundió la cinta en su totalidad en su programa televisivo “El Informe” del canal municipal Frecuencia 5 de Tocache, sin mayores consecuencias. Más de dos meses después, el 27 de febrero de 2005, el Presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero Costa, presentó en conferencia de prensa fragmentos del mismo video, en momentos en que se ve a Obregón admitiendo que parte importante de la producción de hoja de coca en el país va al narcotráfico. Ferrero Costa señaló que el vídeo se había obtenido gracias al servicio de inteligencia. Esta información habría causado profundo malestar en la dirigencia cocalera, llevándolos a pensar que Carpio es un infiltrado del gobierno, dando origen a las amenazas. El periodista negó a IPYS haber comercializado el video, alegando que, luego de su transmisión por TV, cualquiera pudo grabarlo, realizar copias y distribuirlo. La situación forzó a IPYS a tomar medidas inmediatas y asumir su seguridad fuera de Tocache. 18 de abril Raúl Vela Carhuas, periodista del diario “El Pregonero” de Huánuco, región al centro del país, denunció haber sido amenazado de muerte por el Jefe Zonal del Programa Gubernamental “A Trabajar Urbano”, Ing. José Antonio Muñoz Cárdenas. El periodista afirmó que la agresión fue motivada por una investigación periodística publicada el 28 de marzo y que denunciaba irregularidades administrativas en la gestión del funcionario. Vela sostuvo que se encontró con Muñoz en la Plaza de Armas de la ciudad. Ahí, el funcionario le reclamó que el reportaje lo había perjudicado políticamente, para luego amenazarlo de muerte y mostrarle el revólver que portaba en el pantalón. Esa misma tarde, el periodista acudió a la prefectura a solicitar garantías para su vida. El reportero señaló al IPYS que, días antes de la publicación del informe, se entrevistó con el ingeniero Muñoz para recavar su versión acerca de las irregularidades que se habrían cometido durante las evaluaciones de obras en la ciudad y la aparición de planillas de empleados “fantasmas” en el programa que dirige. Según el periodista, el funcionario se limitó a informarle que el caso estaba siendo analizado por la Procuraduría del Ministerio de Trabajo. 26 y 27 de mayo Los periodistas de “Radio Panorama” Mario Espinoza Ruiz, Ronald Ripa Casafranca y Nilo Gonzáles Domínguez sufrieron una serie de intimidaciones, incluyendo amenazas de muerte, a través de llamadas telefónicas a la radio, seguimientos por un vehículo desconocido y volantes con insultos repartidos a la población. Los hechos ocurrieron en Andahuaylas, región Apurímac, al sureste del país. Los periodistas desconocen a los autores de las intimidaciones. Sin embargo, señalaron que las amenazas se iniciaron desde que empezaron a investigar presuntas irregularidades cometidas por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la ciudad, Liceo Truyenque Aréstegui, ante el reclamo de un sector de los maestros de la localidad. Los periodistas señalaron al IPYS que el jueves 26 entrevistaron en la radio al mencionado funcionario, quien negó las acusaciones que se le imputan. Esa misma tarde fueron distribuidos volantes que denigraban a los periodistas. Por la noche fueron seguidos por una camioneta, según declaró Nilo Gonzáles. El viernes 27 recibieron las llamadas telefónicas y amenazas de muerte. Consultado por IPYS, Truyenque Aréstegui negó tener cualquier vínculo con las amenazas. Sostuvo además que los periodistas tienen intereses personales en las acusaciones que realizan contra su gestión. 13 de junio La Secretaria General de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, Elsa Malpartida, acusó al periodista Máximo Silva Chávez de desprestigiarla y azuzar en su contra a los cultivadores de la hoja de coca. Asimismo, quiso dejar por sentado ante la subprefectura de la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, al centro del país, que no se responsabilizará de lo que le pueda ocurrir a Silva durante la protesta de cocaleros del 27 de junio próximo debido al malestar que ha generado con sus editoriales. El periodista, que labora en Radio Inca Sat y en la televisora ATV, indicó a IPYS que el malestar de la dirigente se debe a los permanentes comentarios que realiza en su programa, principalmente sobre un decreto supremo del año 2003 del cual se habrían beneficiado varios dirigentes, entre ellos Malpartida, en perjuicio de los agricultores de base. IPYS intentó comunicarse con la dirigente en varias ocasiones, sin éxito, debido a que se encontraría en las afueras de la ciudad. 17 de julio La periodista Cecilia Valenzuela, directora del programa de televisión “La Ventana Indiscreta”, transmitió la grabación de una amenaza telefónica que recibió el pasado 9 de julio. En el audio una mujer le exige que deje de investigar la labor de la Policía Nacional y del Ministro del Interior, Félix Murazzo, amenazándola con difundir una grabación comprometedora para desprestigiarla. La periodista acusó al ministro como el autor intelectual de esta intimidación. En la amenaza - grabada en el teléfono móvil de Valenzuela-, se reproduce un extracto del audio con el que se pretendería desacreditar a la periodista. Valenzuela reconoció que corresponde a una conversación suya de hace catorce años y sostiene que era la misma con la que el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, la amenazó varias veces. Según ella, el audio sólo comprueba que padeció de interceptación telefónica. La periodista aseguró que el ministro no la iba a silenciar. Durante esas semanas, el programa “La Ventana Indiscreta” realizó varias denuncias periodísticas vinculando a Murazzo con Montesinos, cargos que han sido rechazados por el ministro. El ministerio no respondió a la denuncia de Valenzuela y el IPYS obtuvo una declaración oficial al respecto. 6 de agosto El periodista Hugo Gonzáles Hinostroza, del Diario Expresión de Huaraz, al norte del país, recibió una amenaza telefónica donde le advertían que dejara de investigar el asesinato del periodista Antonio de La Torre ocurrido en el 2004 o atentarían contra él y su familia. El periodista señaló a IPYS que durante la primera semana de agosto ha recibido una serie de llamadas, calificando a la del seis de agosto como la más contundente. Gonzáles atribuye las amenazas a personas vinculadas al ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Yungay, Amaro León León, quien está en prisión por haber sido acusado como el autor intelectual del asesinato de De La Torre, perpetrado en la provincia aledaña de Yungay. El periodista indicó que sus publicaciones denuncian el extraño retraso que sufría el proceso judicial del caso. 8 de septiembre Rodolfo Lobo Tello, director de radio Feroz de Contamana se hallaba en su casa cuando un desconocido llegó y lo amenazó por haber difundido información que lo habría perjudicado. Contamana es la capital de la provincia de Ucayali, región Loreto, al oriente del país. Lobo señaló a IPYS que alguien golpeó la puerta pero que a pesar de conocer a todos los pobladores de la pequeña ciudad, no identificó al visitante. El hombre le dijo que venía del pueblo aledaño de Orellana y le increpó en tono amenazante por la pérdida de su negocio debido a una información que el periodista había propagado. Lobo indicó que sólo podría tratarse de la campaña que ha emprendido contra los comercializadores de droga de la región y que ha llevado a la captura de varios de sus responsables por la policía. 7 de septiembre Julia Saldaña Eguren, periodista del grupo de diarios La República denunció haber sido amenazada de muerte repetidas veces desde el último mes. Las intimidaciones anónimas son enviadas como mensajes de texto al teléfono móvil de su padre, Elmer Saldaña Ruíz. El hecho ocurrió en la ciudad de Iquitos, región Loreto, al oriente del país. Saldaña indicó a IPYS que en las amenazas le ordenan irse de la ciudad o será asesinada. Según la periodista, las intimidaciones se iniciaron desde la publicación de una serie de denuncias que revelaron irregularidades cometidas en algunas instituciones públicas de la región como en el gobierno regional de Loreto, la Municipalidad del distrito de Maquía, o en la construcción del estadio de Iquitos. El 12 de setiembre, Saldaña afirmó que una camioneta transitaba cerca de su casa de manera sospechosa. 17 de septiembre El periodista Richard Enciso Sánchez, de radio Áncash, región al norte del país, ha recibido tres llamadas telefónicas anónimas en que le exigen de forma amenazante revelar el nombre de un policía al que entrevistó el 16 de septiembre. Durante la conversación, transmitida en el informativo “La Hora Siete”, Enciso le preguntó al efectivo acerca del malestar de cierto sector de la Policía y sobre una posible paralización de actividades. El entrevistado se mostró a favor de la huelga, afirmando que los policías están mal pagados y se ven obligados realizar horas extra para compensar el bajo sueldo que reciben. Las amenazas telefónicas contra Enciso se iniciaron al día siguiente. El periodista señaló que mantendrá en reserva la identidad de su fuente, al tiempo que solicitó al jefe policial de Chimbote, ciudad de la región, ordene una investigación para identificar a los autores de las llamadas. 23 de octubre La periodista Julia Saldaña, del grupo de diarios “La República”, afirmó sentirse amenazada debido a varios mensajes de texto que advierten que la desprestigiarán invadiendo su vida privada. Las amenazas han llegado durante la última semana a los celulares de varias personas que la conocen en Iquitos, ciudad al oriente del país. Las intimidaciones se unen a las amenazas de muerte que recibió en septiembre último al teléfono de su padre. La periodista afirmó al IPYS sentirse insegura y temer por su vida. Por su parte, Viviana Araujo, colega de Saldaña y una de las destinatarias de los mensajes contra ella, confirmó la existencia de las amenazas. Saldaña desconoce el móvil de las intimidaciones. Sin embargo, éstas se iniciaron desde la publicación de una serie de denuncias propaladas por la periodista que revelaron irregularidades cometidas en algunas instituciones públicas de la región, como en el gobierno regional de Loreto. 26 de diciembre El periodista Rory Huaney Rodríguez, de Radio Órbita, fue amenazado de muerte por Jean Carlo León Martínez, hijo del ex alcalde de la provincia de Yungay, Amaro León León, quien fue sentenciado en diciembre de 2005 por el asesinato del periodista Antonio De La Torre. Según Huaney, el agresor también le ordenó que dejara de cubrir el proceso judicial que se le sigue a su padre. Yungay se ubica en la región Ancash, al noroeste del país. Huaney señaló que hace cuatro meses denunció a León Martínez por agresión física ante la División de Investigación Criminal (DIVINDRI) de la Policía de Huaraz, capital de Ancash. Sin embargo, la investigación nunca concluyó debido a que la policía habría catalogado al acusado como no habido. El 14 de diciembre de 2005, la Corte Superior de Justicia de Ancash, sentenció por homicidio al ex alcalde Amaro León León y otras cuatro personas por el asesinato del periodista Antonio De LaTorre, perpetrado en febrero de 2004. El periodista denunció la amenaza ante la policía local. AGRESIONES VERBALES 17 de octubre El periodista Carlos Carrillo Berbeño corresponsal del diario La República fue insultado por el presidente del Gobierno Regional del Cusco, Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez, dentro del edificio del gobierno en el Cusco, al sur este del país. Delante de varios testigos, Cuaresma calificó a Carrillo de incompetente y mentiroso, luego de que el periodista le preguntara acerca de una denuncia de una televisora, respecto a que en el Cusco se habría falsificado firmas del partido político Frente Independiente Moralizador, del que Cuaresma forma parte. INCAUTACIÓN DE EQUIPOS O MATERIAL IMPRESO 2 de marzo El periodista José Antonio Simons Cappa, director de la revista “El Huinsho”, fue golpeado y amenazado por autoridades municipales de la provincia de Alto Amazonas, provincia de la región Loreto, luego de grabar en vídeo una reunión informal entre ellos y un fiscal provincial. El hecho ocurrió en la Plaza de Armas de la ciudad de Yurimaguas, capital de Alto Amazonas, al noreste del país. Alrededor de las diez de la noche, Simons intentó grabar al alcalde de Alto Amazonas, Leonardo Inga Vásquez, mientras conversaba públicamente con el gerente del municipio, Rolando Pinedo; el regidor, Fernando Fernández Rengifo; y el fiscal provincial mixto, Jorge Guzmán Sánchez. La reunión llamaba la atención debido a que sobre la administración de Inga Vásquez pesan varias denuncias judiciales que están siendo investigadas precisamente por dicho fiscal, el único en la provincia. De acuerdo con Simons, pudo grabar parte de los hechos, pero el alcalde se percató e intentó capturarlo. Mientras huía fue interceptado por una moto, en la que iban el gerente municipal y el regidor. Entre ambos funcionarios golpearon a Simons, lo amenazaron y le arrebataron el equipo. Una hora después, el periodista regresó a la Plaza de Armas - donde aún se encontraban los agresores - a exigir la devolución de su cámara. Se la entregaron pero sin la cinta de vídeo. Por su parte, el alcalde Inga Vásquez señaló que no agredió al periodista y que, por el contrario, fue insultado. 21 de mayo Marilú Gambini Lostanau, periodista freelance de la provincia norteña de Chimbote, denunció haber sido víctima de un robo luego que desconocidos ingresaran a su domicilio y, tras rebuscar entre sus pertenencias, sustrajeran varios videos. La periodista, quien no se encontraba en casa, descartó que se tratara de un robo común, y señaló al IPYS que presentó la denuncia de rigor ante la comisaría de la ciudad. Considera que el material robado no tenía ningún valor periodístico. Gambini posee garantías personales proporcionadas por la Sub Prefectura de Chimbote desde el año 2000 debido a las constantes llamadas telefónicas y amenazas que recibe por su trabajo. 4 de agosto El periodista Félix Calva Guerrero, corresponsal de Radio Santa Rosa Chirinos, fue liberado tras haber sido detenido durante 3 días por la Policía Nacional en el Cerro Corazón de Jesús, en la provincia de Huancabamba, en la región norteña de Piura. Calva fue apresado mientras cubría una violenta marcha de protesta el 1 de agosto. Hasta el momento no se le ha devuelto su grabadora, cámara fotográfica y objetos personales incautados tras la detención. 12 de agosto Calva señaló a IPYS que, luego de dar su manifestación al fiscal de turno antes de ser liberado, preguntó por su equipo reporteril retenido. Según el periodista, el fiscal le indicó que los objetos se quedarían retenidos como parte de las pruebas de una protesta que dejó el saldo de un muerto y medio centenar de heridos. Calva enviará una solicitud a la Defensoría del Pueblo de la ciudad para que, por su intermedio, pueda recuperar su equipo de trabajo. La mañana del 6 de noviembre de 2005, un grupo de taxistas golpeó a los reporteros Diego Rojas Latorre y Ariana Rojas Latorre de la televisora Antena Norte canal 35, luego de que los periodistas grabaran la detención de uno de los taxistas por parte de la policía. Además, los agresores les robaron la cinta de vídeo. El hecho ocurrió en la ciudad de Trujillo, al norte del país. Los taxistas de la empresa Habana Tours se encontraban frente al Coliseo Gran Chimú de la ciudad, cuando apareció la policía y detuvo a Hilton Gómez Mendoza, uno de los taxistas sindicado como integrante de una banda que roba autos. Los reporteros grabaron el operativo policial. Tras esto, los taxistas la emprendieron contra ellos, los golpearon y les quitaron la cinta de vídeo. Los periodistas ya sentaron la denuncia ante la comisaría. 10 de diciembre El periodista Rosemberg Valverde de la televisora Frecuencia Latina y su asistente José Carlos Ponce de León fueron agredidos cuando intentaban entrevistar a la madre de un supuesto sicario asesinado. Durante la agresión, les robaron la videograbadora. El hecho ocurrió en Huánuco, región al centro del país. Según los periodistas, la señora les permitió la entrada a su domicilio. Ellos intentaron consultarle sobre el vínculo de su hijo con Fernando Zevallos, empresario vinculado al narcotráfico. En ese momento aparecieron otros familiares, que los insultaron acusándolos de invadir la privacidad de su casa. Los periodistas salieron del local. No obstante, un grupo de vecinos que se aglomeró en la puerta los agredió. Durante el alboroto, uno de los familiares les arrebató la videograbadora. De improviso llegó el fiscal titular de la localidad de Leoncio Prado, María Atarama Zevallos, que intervino a favor de la familia Flores. Los periodistas fueron trasladados a la comisaría donde permanecieron detenidos varias horas. La fiscal señaló a IPYS que la policía está investigando el hecho para lograr la devolución de la videograbadora. IMPEDIMENTO DE COBERTURA 11 de julio El presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, Robinson Gonzáles Campos, impidió el ingreso de varios medios de comunicación a una conferencia de prensa acusándolos de tergiversar sus declaraciones e insultar su labor. La conferencia se organizó para exponer los motivos de un fallo emitido por la sala que el magistrado preside y que benefició con la excarcelación a varios procesados por corrupción. Entre los medios de comunicación que no pudieron ingresar estuvieron el diario “Perú 21” y el programa televisivo “La Ventana Indiscreta”, de quienes Gonzáles dijo se dedican a dañar su imagen y la del Poder Judicial por “algún interés”. Tampoco pudieron ingresar los periodistas de “Panamericana Televisión” y “Frecuencia Latina”, así como los reporteros de “Canal N” y otros medios escritos. Por otro lado, periodistas del diario “La República” manifestaron al IPYS que ese mismo día llegaron a cubrir información en el local de la Fiscalía de la Nación; sin embargo, el nombre del diario no figuraba en la lista de medios autorizados a ingresar. INTENTO DE ASESINATO 23 de julio El periodista Luis Alberto Ochoa Muñoz, conductor del programa “La Voz del Pueblo”, sufrió un intento de asesinato por parte de Mario Ccama Chacón, gerente municipal del distrito de Santa Teresa, Provincia de la Convención, Cusco. El periodista estaba difundiendo una serie de denuncias de mal manejo administrativo contra el funcionario, cuando el propio Ccama se presentó intempestivamente en la radio, ingresó violentamente a la cabina, sacó un revólver y disparó contra Ochoa. Afortunadamente, los disparos fueron fallidos debido al estado defectuoso de las balas. El agresor fue detenido por personal de la radio y algunos pobladores y trasladado por la policía al Centro Penitenciario San Joaquín de la provincia de Quillabamba, donde permanece detenido. El Segundo Juzgado Penal de Quillabamba, presidido por Godofredo Gordillo Ramos, ha abierto instrucción contra Ccama por el delito de Tentativa de Homicidio y Tenencia Ilegal de armas de fuego. OTROS (SECUESTRO, LEGISLACIÓN, FALSIFICACIÓN DE DIARIOS, SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN, NIEGAN GARANTÍAS PERSONALES) 10 de enero Un pirata informático burló los sistemas de seguridad de la página web del diario “La República” de Lima y modificó los contenidos de la portada y la nota principal de la edición virtual del domingo 9 de enero. El hecho fue detectado a las doce de la tarde del mismo día por personal del área informática y solucionado dos horas después, así lo detalló una nota informativa publicada por el medio el lunes 10 de enero. “La República” aseguró el intruso informático presentó textos insultantes contra el presidente Alejandro Toledo sustituyendo la información publicada originalmente por el diario; no obstante, el medio expresó sus disculpas a los lectores que se toparon con la página falsificada. El diario ya sentó la denuncia ante la comisaría de Monserrate en el centro de la capital a la que le proporcionó una copia en diskette de la página “hackeada” y la versión original, además del periódico impreso que confirmarían la adulteración. En la nota publicada se indicó que la empresa periodística también iniciará las indagaciones pertinentes. Asimismo, se señaló que la policía calificó este hecho como “delito informático” que, de acuerdo con la Ley Nº 27309 que incorporó dichas infracciones al Código Penal, es sancionado hasta con prisión no menor de tres ni mayor de cinco años a quienes alteran, dañan o destruyen el contenido de un sistema informático o base de datos.