En relación al proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder respecto de erradicar la publicidad estatal de medios privados, el IPYS opina lo siguiente:
- La publicidad estatal en medios de comunicación es una vía de cumplimiento de una obligación del Estado para informar a la sociedad sobre sus acciones y políticas, y también sobre servicios y necesidades públicas, y además de otras situaciones que deben ser conocidas, como notificaciones, alertas, convocatorias, etcétera.
- Las dependencias públicas deben usar los medios de comunicación que mejor sirvan a tal fin, en función de sus audiencias y de la diversidad. Limitar esta publicidad a los medios estatales y redes sociales conlleva al colapso e incumplimiento de la obligación señalada, y en determinadas situaciones podría producir un clima de desinformación insostenible. Pensando sólo en Lima: ¿los anuncios sobre servicios públicos sólo se harían en El Peruano, TV Perú o Radio Nacional?
- En esa medida, el proyecto afecta la libertad de información como derecho de la población. En segundo lugar, es un mecanismo de afectación indirecta de la libertad de expresión a través del uso de prohibiciones estatales, proscrito por el artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos.
- Es pertinente perfeccionar la regulación de la publicidad estatal para hacerla más eficiente, evitar preferencias políticas o el uso personalista por parte de las autoridades, entre otros vicios. La discusión a este respecto en el mundo es cómo se hace más efectiva y razonable la inversión del Estado en publicidad, pero a nadie se le ha ocurrido prohibirla del modo en que se propone.