Martes, 18 de junio de 2013
El Grupo Andino de Libertades Informativas, GALI, red subregional compuesta por organizaciones de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, expresa su profunda preocupación por la aprobación en el Ecuador de la denominada Ley Orgánica de Comunicación aprobada el día viernes 14 de junio por la mayoría de Gobierno en la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta ley impone restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico inaceptables en una sociedad democrática, por lo que el GALI insta al Presidente Rafael Correa a vetarla, de acuerdo con sus atribuciones.
El proyecto votado sin que mucho de su articulado haya sido debatido, pues fue introducido a última hora, contiene varios aspectos que ponen en situación de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa, y que van a contracorriente con los avances que se han experimentado en la Región durante los últimos años sobre el derecho a la libre expresión; entre otros:
- Códigos y normas deontológicas impuestas por Ley y que, por lo tanto, vulneran el principio por el cual, en ningún caso, las conductas éticas pueden ser impuestas por los Estados.
- La censura previa a través de inéditas figuras jurídicas de "linchamiento mediático", por la cual se prohíbe la difusión de información ligada a conceptos vagos y subjetivos.
- La creación de una Superintendencia de Información nombrada a partir de una terna enviada por el Presidente de la República, con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas.
- La conformación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con representación exclusiva de los poderes públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de comunicación social.
- La facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.
- La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación.
Por lo anterior, GALI hace un llamado a la comunidad internacional para que exprese su condena a lo que constituye la acción más reciente del Gobierno ecuatoriano en contra del periodismo pues instala la censura previa e impulsa una creciente autocensura.
Además, consagra la acumulación de medios en manos del Estado, alimentando una poderosa maquinaria de propaganda ajena al pluralismo que deben ejercer medios realmente públicos.
Descargar aquí la carta del GALI a Rafael Correa sobre este tema.
Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela
Fundamedios, Ecuador
Instituto Prensa y Sociedad, Perú
Perú: IPYS firma carta internacional dirigida al Congreso sobre proyectos de ley de delitos informáticos
NOTICIAS
Publicado el 6 Agosto 2012
Perú: IPYS firma carta internacional dirigida al Congreso sobre proyectos de ley de delitos informáticos
Por Erick Mormontoy
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) adhirió su firma a una carta que junto a otras organizaciones internacionales que velan por el derecho a las libertades informativas fue dirigida al Congreso peruano mostrando una seria preocupación por dos iniciativas legislativas que buscan penalizar los delitos informáticos.
Se trata de los proyectos de ley 34/2011 – CR y 307/2011 – CR presentados el 11 de agosto y 5 de octubre del año pasado y que, de no llevarse de forma coherente –dice la carta-, podrían llegar a afectar la libertad de expresión.
Como es sabido, el Perú aprobó y patrocinó la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la Promoción, Protección y Disfrute de los Derechos Humanos en el Internet. Allí se especifica que los derechos como la libertad de expresión rigen tanto en el mundo online como en el offline.
En la carta se plantean diversas inquietudes referidas a la exclusión de las comunicaciones electrónicas de la protección constitucional al secreto de comunicaciones, a la aplicabilidad del principio de neutralidad regulatoria, el resguardo de la proporcionalidad de la pena que contempla penas de 5 a 10 años, entre otros aspectos que plasmados como están en los proyectos podrían ser peligrosos para el derecho de la libre expresión.
En la carta se pide al Congreso dar muestras claras de apertura y transparencia al intercambio de opiniones sobre el tema, antes de aprobar cualquier proyecto que pueda atentar contra las libertades informativas en el país.
Roberto Pereira, asesor legal de IPYS, señaló al respecto que si bien es cierto que dicho proyecto tiene una extensa exposición de motivos, en esta no se expresa porqué razón el proyecto adopta determinadas posiciones normativas en el texto para penalizar determinadas conductas y asumir determinadas opciones legislativas.
Asimismo, Pereira se refirió a que en la propuesta normativa de dicho proyecto “no se contiene definiciones que puedan servir a los operadores de esta norma para poder interpretar con mayor seguridad. Así también no se advierte una lógica de proporcionalidad o jerarquización en los tipos penales que se contemplan por lo que conductas muy leves merecerían sanciones de tipo civil o administrativo, que están junto a conductas que efectivamente son de mayor gravedad”.
Para el abogado, este dictamen aprobado en la Comisión de Justicia del Parlamento debería merecer un debate mucho más pausado y técnico en busca de obtener un proyecto o una ley que conjugue las necesidades reales de protección penal en el ámbito de la utilización de tecnologías de información y el internet, “con las garantías de que esto no va a suponer una vulneración de los derechos a las libertades informativas”
