Martes, 18 de junio de 2013
El Grupo Andino de Libertades Informativas, GALI, red subregional compuesta por organizaciones de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, expresa su profunda preocupación por la aprobación en el Ecuador de la denominada Ley Orgánica de Comunicación aprobada el día viernes 14 de junio por la mayoría de Gobierno en la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta ley impone restricciones y condicionamientos al trabajo periodístico inaceptables en una sociedad democrática, por lo que el GALI insta al Presidente Rafael Correa a vetarla, de acuerdo con sus atribuciones.
El proyecto votado sin que mucho de su articulado haya sido debatido, pues fue introducido a última hora, contiene varios aspectos que ponen en situación de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa, y que van a contracorriente con los avances que se han experimentado en la Región durante los últimos años sobre el derecho a la libre expresión; entre otros:
- Códigos y normas deontológicas impuestas por Ley y que, por lo tanto, vulneran el principio por el cual, en ningún caso, las conductas éticas pueden ser impuestas por los Estados.
- La censura previa a través de inéditas figuras jurídicas de "linchamiento mediático", por la cual se prohíbe la difusión de información ligada a conceptos vagos y subjetivos.
- La creación de una Superintendencia de Información nombrada a partir de una terna enviada por el Presidente de la República, con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas.
- La conformación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con representación exclusiva de los poderes públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de comunicación social.
- La facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.
- La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación.
Por lo anterior, GALI hace un llamado a la comunidad internacional para que exprese su condena a lo que constituye la acción más reciente del Gobierno ecuatoriano en contra del periodismo pues instala la censura previa e impulsa una creciente autocensura.
Además, consagra la acumulación de medios en manos del Estado, alimentando una poderosa maquinaria de propaganda ajena al pluralismo que deben ejercer medios realmente públicos.
Descargar aquí la carta del GALI a Rafael Correa sobre este tema.
Asociación Nacional de la Prensa, Bolivia
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela
Fundamedios, Ecuador
Instituto Prensa y Sociedad, Perú
Perú: Defensor del Pueblo remitió a PCM anteproyecto de ley para la creación de una autoridad autónoma en materia de acceso a la información
NOTICIAS
Publicado el 20 Diciembre 2012
Perú: Defensor del Pueblo remitió a PCM anteproyecto de ley para la creación de una autoridad autónoma en materia de acceso a la información
Por Infopública
El 9 de noviembre del presente, sólo dos días después de haber presentado públicamente el proyecto en el marco de la V Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el Defensor del Pueblo (e), Dr. Eduardo Vega Luna, remitió oficialmente al Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, el Anteproyecto de Ley con la finalidad de crear una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública como ente rector de un sistema nacional en esta materia.
Dicho anteproyecto ha sido elaborado por la Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría con la colaboración del “Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Justicia II” del Banco Mundial, el mismo que se enmarca dentro del Plan de Acción del Perú para adherirse a la Alianza para el Gobierno Abierto con miras a promover un gobierno más transparente, eficaz y responsable.
La indicada propuesta, la cual parte del reconocimiento de los avances logrados por el Estado peruano en la última década en materia de transparencia y acceso a la información pública, plantea la creación de un Organismo Técnico Especializado, con autonomía funcional, administrativa, normativa y económica, con competencia para fiscalizar y sancionar los incumplimientos a la ley de acceso a la información pública; resolver controversias en sede administrativa con carácter vinculante; promover y difundir el derecho de acceso a la información pública entre la población; capacitar a los funcionarios públicos y; asesorar técnicamente a las instituciones públicas sobre este derecho constitucional.











