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Preocupación ante uso del derecho penal para criminalizar libertad de expresión

Preocupación ante uso del derecho penal para criminalizar libertad de expresión

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) del Perú dio a conocer, en el marco de la crisis que vive alrededor del mundo por el COVID-19, que las personas que difundan noticias falsas y desinformen a la ciudadanía podrán ir a prisión entre 2 a 6 años.

Según lo publicado en las redes sociales del MINJUSDH (Twitter), quien crea o y/o difunda información falsa para obtener provecho o generar perjuicio a terceros podrá ser reprimido con 2 a 4 años de pena privativa de la libertad; mientras que quieres difundan noticias falsas con el fin de generar pánico y perturbar la tranquilidad pública podrían enfrentar una denuncia penal y una pena de 3 a 6 años.

 

En Bolivia, por su parte se ha aprobado también un decreto que sanciona con prisión a las personas que “desinformen o generen incertidumbre a la población”, convirtiéndolos en sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública.

Ante estas medidas, personalidades se han pronunciado y observando con preocupación las posiciones que han adoptado algunos gobiernos y que ponen en riesgo la libertad de expresión.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo, respecto a lo sucedido en Bolivia, que el gobierno de turno está aprovechando el contexto de emergencia para sancionar penalmente información que las autoridades consideren “incorrectas”, lo que viola el derecho a la libertad de expresión.

La RELE CIDH expresó también su preocupación y señaló que el decreto boliviano es una figura amplia y vaga que amenaza crítica de políticas o desinformación periodística” y agregó que se incumple el principio de legalidad y que, además, se trata de un “uso desproporcionado del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público”.

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, advirtió, mediante su cuenta personal de Twitter, sobre el uso de estas figuras penales y pidió a Bolivia rectificarse.

 

El tema ha generado muchas opiniones, así pues el Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, Pedro Vaca, señaló, tras lo anunciado por el MINJUSDH del Perú, que uno de los peligros de esta propuesta es que se “asume que la voz oficial siempre acierta y que otras voces (no oficiales) son falsas”.

Vaca agregó que para aplicar alguna sanción en relación a un contenido difundido se debe poder demostrar el daño causado y no presumirse. Además tocó a la educación y alfabetización como una tarea relevante al ser una sociedad supersticiosa y polarizada que no reconoce a la ciencia como guía, por lo que “más que sancionar, toca alfabetizar, darle a la ciencia un lugar relevante”, para así no tener que prohibir otras voces.