En una decisión histórica y después de ocho años de lucha ante estrados judiciales de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y de su familia, en búsqueda de justicia por el secuestro, las amenazas y la tortura psicológica de la que fueron víctimas desde agosto de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa. Para el momento de los hechos, la periodista se encontraba realizando una investigación con el fin de esclarecer el homicidio de Jaime Garzón.
El caso de Claudia Julieta Duque evidencia la existencia de una estrategia diseñada y ejecutada por funcionarios públicos, no sólo para condenar su caso a la impunidad sino también el del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, quien este 13 de agosto cumple 21 años de haber sido asesinado.
En el marco de un proceso de reparación directa, promovido desde 2012 por Claudia Julieta Duque y su familia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad estatal, ya que encontró probadas las agresiones de las que fue víctima la periodista. Según en Tribunal estas agresiones atentaron de manera grave contra sus derechos fundamentales y los de su familia y, además, las mismas se dieron como consecuencia de las acciones y omisiones en las que incurrió el Estado colombiano.
Esta autoridad judicial concluyó que, desde el interior del DAS se creó una organización criminal que tenía como finalidad amedrentar a un sector de la opinión de la sociedad colombiana. Dicho sector incluía a periodistas que denunciaban hechos y situaciones que en concepto del Tribunal se alejaban de la política desarrollada por el gobierno de Álvaro Uribe.
Además, destacó que el Ministerio del Interior incumplió su obligación de adoptar medidas de protección específicas, adecuadas y suficientes, de manera oportuna, para evitar que el riesgo se materializara. Por otro lado, reconoció que la Fiscalía General de la Nación no adelantó las investigaciones “de manera certera, célere y eficiente”. Por el contrario, creó las condiciones de total impunidad, que permitieron e incentivaron a que se continuará ejerciendo tortura psicológica en su contra de la periodista por más de una década.
Esta decisión reitera la deuda del Estado con la protección de la libertad de prensa y hace hincapié en el incumplimiento de la obligación de debida diligencia en las investigaciones de agresiones contra la prensa. De esta manera, el Tribunal ordena a la Fiscalía que diseñe: i) una cartilla por medio de la cual se socialice el análisis de responsabilidad del Estado derivada de la desprotección a la prensa; y, ii) una política que propenda por la cesación de violaciones continuadas a los derechos fundamentales relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico.
Desde la FLIP, celebramos la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que es producto de la valentía, el esfuerzo y la persistencia de Claudia Julieta Duque, quien por más de 20 años ha luchado para superar la impunidad a la que el Estado había condenado su caso.
Finalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación, para que en cumplimiento de las garantías de no repetición, adelante de manera seria, imparcial y dentro de un plazo razonable, las investigaciones por las agresiones de las que continúa siendo víctima Claudia Julieta Duque. Desde febrero de este 2020 la periodista ha denunciado nuevas agresiones relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico, sin que la Fiscalía haya realizado de manera oportuna las actividades investigativas correspondientes.
Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa