Es un capítulo importante en el combate contra la impunidad y se vuelve relevante al ser el primer funcionario público en ser llevado a juicio por el crimen contra la periodista.
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El proyecto ley, que fue votado en primera oportunidad el 4 de mayo, aumenta las penas por difamación y representa una grave amenaza a la libertad de expresión.
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Los gremios dedicados a la defensa de la libertad de expresión convocan a periodistas y ciudadania en general a asistir mañana 8 AM en la puerta del Congreso para alzar nuestra voz de protesta por una ley que pretende amedrentar a la prensa.
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ntre las principales conclusiones se encuentran el aumento de las amenazas y agresiones contra periodistas y defensores/as de derechos humanos, así como las limitaciones al acceso a información pública y a procesos judiciales transparentes.
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El proyecto de ley propone una reforma en el Código Penal para incorporar el delito “contra la dignidad a través de redes sociales”.
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Tres periodistas cubanos comparten sus testimonios sobre ejercer el periodismo en sociedades cerradas y bajo una dictadura. Un evento que no te puedes perder para conocer la realidad de la libertad de prensa en estos contextos.
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La Red Voces del Sur ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por la aprobación de una modificación a dos artículos del Código Penal por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de Perú.
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IFEX-ALC insta al Ministro del Interior a reconsiderar el protocolo y garantizar la protección de la libertad de expresión y los derechos humanos en el país.
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El IPYS considera que el fallo afecta el derecho de la prensa a mostrar con veracidad los antecedentes de los políticos, y a opinar libremente acerca de ellos, incluso mediante opiniones controversiales.
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El proyecto Impunidad del IPYS busca investigar y denunciar casos de corrupción y abuso de poder en América Latina. A través de una red de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, el proyecto pretende poner en luz casos de impunidad.
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Según la Asociación, la decisión es considerada como un ataque a toda la prensa brasileña. "El episodio confirma el aumento del acoso judicial contra los periodistas. Desde 2002 ha habido 5.641 solicitudes de retirada de contenidos.
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