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Venezuela: Detenciones arbitrarias contra la prensa continuaron los primeros 21 días de mayo

Venezuela: Detenciones arbitrarias contra la prensa continuaron los primeros 21 días de mayo

Al menos cuatro detenciones arbitrarias hacia trabajadores de la prensa registró IPYS Venezuela durante los primeros 21 días de mayo en los estado Lara, Mérida, Bolívar y el Área Metropolitana de Caracas. Estos hechos se suman a los 19 casos registrados por esta organización desde que se iniciara el decreto de estado de alarma por la pandemia del coronavirus el 13 de marzo, y que han afectado a 24 reporteros.

Las cuatro detenciones a los trabajadores de la prensa se dieron en el marco de la cobertura de dos temas que han mantenido paralizado al país en las últimas semanas. Por un lado la cobertura de temas de salud, incluyendo la realidad sanitaria por la COVID-19, y las colas de vehículos en las estaciones de servicios por falta de combustible.

El más reciente hecho fue registrado en el Hospital Doctor Raúl Leoni de Guaiparo, en San Félix, estado Bolívar, cuando la estudiante de Comunicación Social y pasante del diario Primicia, Marialejandra Meléndez, fue detenida y hostigada por la jefa de seguridad del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), militares y personal del centro médico, cuando realizaba un trabajo periodístico.

 El jueves 21 de mayo, Marialejandra salió junto con el reportero gráfico Wilfredo Álvarez a un recorrido por la ciudad que incluía tomar fotografías de fachadas de diferentes instituciones, para sumarlas a los archivos del medio y usarlas eventualmente como fotos referenciales. Una de las visitas incluyó el hospital Dr. Raúl Leoni.

“Ya yo me iba y en ese momento llegó una ambulancia y aproveché para tomarle la foto con mi celular. Al parecer, allí traían a un paciente sospechoso o positivo de COVID-19”, pero la reportera comentó que desconocía que dentro de esa unidad estuviera movilizando a un paciente con el virus, lo que provocó que los funcionarios la rodearan y preguntaran “por qué yo estaba tomando esa foto”, relató.

El fotógrafo, al darse cuenta de la situación, logró avisar al editor de guardia para alertar sobre la irregularidad que inmediatamente fue denunciada a través de la redes sociales del medio.

Meléndez fue llevada y encerrada en un cuarto de la institución, donde estaban al menos tres militares, una doctora, otras dos personas que no logró identificar y la jefa de seguridad del IVSS, que se identificó como Isabel Velásquez. La reportera denunció que le intentaron quitar su teléfono celular, pero forcejeó. Asimismo, recibió burlas, hostigamiento y amenazas en contra de su trabajo informativo.

“Me dijeron que siguiera denunciando que así sus jefes (los de Isabel Velásquez) iban a saber que estaba realizando su trabajo. Me amenazaron con que iban a saber dónde vivo, los números de mis familiares y que la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) me iba a buscar”, agregó. La también reportera de El Bus TV en San Félix fue obligada a borrar el material fotográfico de su celular y posteriormente fue liberada. Aseguró que no recibió maltrato físico.

En la parroquia El Paraíso, de Caracas, el periodista Jesús Segovia Bastidas, reportero del programa mexicano Séptima Jornada, estuvo detenido alrededor de 20 minutos cuando se encontraba registrando una cola para surtir combustible en la estación de servicio PDV, en la redoma de La India ubicada la avenida Páez, el jueves 14 de mayo.

 Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acompañado de un civil, identificado como miembro de un colectivo, le quitaron el teléfono al reportero en el momento en que éste registraba cómo otros hombres rodeaban a una mujer para quitarle el celular luego de haber realizado algunas fotos del sitio.

Los agresores tomaron a Segovia y lo apartaron de la muchedumbre para después quitarle el bolso y revisar sus pertenencias. El periodista relató a IPYS Venezuela que de forma insistente, ambas personas preguntaron quién lo había enviado y para quién trabajaba, además de percatarse que en todo momento el civil dio órdenes al militar para que le fueran decomisadas las herramientas de trabajo.

Con el teléfono en mano, el efectivo militar preguntó a Segovia sobre cada mensaje que llegó al celular mientras estuvo detenido, y posteriormente los eliminó. Pasados los 20 minutos, el funcionario entregó el celular al reportero y le pidió que se retirara del lugar. Segovia confirmó que en ningún momento el funcionario pidió documentos de identidad o acreditaciones.

En Lara, un trabajador del diario La Prensa también estuvo detenido luego de haber registrado un video cuando eran desalojados de la cola que hacían para surtir combustible en la estación de servicio Don Bau, en la avenida Libertador de Barquisimeto, el viernes 8 de mayo.

 Rolando Rodríguez, chofer del medio, se encontraba a la espera para llenar el tanque de su vehículo, cuando funcionarios de la GNB comenzaron a desalojarlos a él y a otros ciudadanos. En ese momento, Rodríguez comenzó a grabar la acción que provocó en los efectivos la inmediata detención y posterior traslado con su carro, sin combustible, al Destacamento 121 del cuerpo militar, como pudo confirmar Keren Torres, corresponsal de IPYS Venezuela en la entidad.

Rodríguez estuvo detenido en la sede militar alrededor de tres horas, tiempo en el que los funcionarios revisaron su teléfono y borraron todo el material audiovisual que había recientemente registrado. Los funcionarios liberaron al chofer luego que la jefa de redacción del diario, Yuslenys Ferrer, se presentara en el Destacamento y abogara por Rodríguez.

En el estado Mérida las detenciones también estuvieron presentes. El corresponsal del diario Pico Bolívar, en el Valle del Mocotíes, y locutor en la emisora Sureña 103.3 FM del municipio Tovar, Daniel Molina, “fue sacado de su casa por una comisión de la GNB que dijo le haría una ‘entrevista’. Lo mantuvieron incomunicado durante una hora y luego fue liberado”, según confirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su cuenta de Twitter. IPYS Venezuela intentó comunicarse con Molina, pero no fue posible.

 Las detenciones arbitrarias se han convertido en el principal accionar de represión contra los trabajadores de la prensa desde que inició el decreto de estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. Solo entre el 13 de marzo y el 21 de mayo, esta organización registró 19 casos de detenciones arbitrarias que afectaron a 30 personas, de los cuales, 24 son reporteros.

Entre los hechos destaca la detención del periodista Eduardo Galindo, quien estuvo detenido durante 19 días en San Fernando de Apure, y a quien le fueron imputados el delito de “divulgación de información falsa”. Galindo fue excarcelado el 4 de mayo, con régimen de presentación cada ocho días y prohibición de declarar a los medios, luego que el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de Apure revisara los documentos presentados por los fiadores que fueron solicitados.

 

 IPYS Venezuela rechaza categóricamente el accionar de las fuerzas públicas contra los trabajadores de la prensa. En las últimas semanas ha quedado en evidencia que el Estado no ha respetado las leyes internas y las recomendaciones de organismos internacionales, de los cuales Venezuela es parte, sobre acceso a la información y protección a la prensa: en cambio, se ha aprovechado de las medidas excepcionales para atacar, amedrentar y detener, sin causas legales a periodistas y defensores de derechos humanos, sin contar las decenas de personas detenidas por publicar informaciones o sus opiniones en redes sociales.

Exigimos al Estado venezolano detener el aprovechamiento de las medidas del Estado de Excepción para seguir socavando la libertad de expresión y el acceso a la información en el país, derechos que ya vienen siendo atacados desde años anteriores.

#InformarNoEsDelito

 Fuente: IPYS Venezuela