El Poder Ejecutivo pidió facultades legislativas al Congreso para modificar un inciso del Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública.
El pedido propone “sancionar a los instigadores del delito de disturbio […], ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.
El abogado y asesor jurídico de IPYS, Roberto Pereira, recuerda que la instigación ya está prevista en el Código Penal para cualquier delito y funciones, "y se aplica con los criterios y reglas generales de siempre. Por tanto, no es necesario crear una figura de instigación para el delito de disturbios o el de entorpecimiento de los servicios públicos".
IPYS muestra su preocupación por la solicitud del Ejecutivo al pretender obtener una herramienta de amedrentamiento contra periodistas que opinan a favor o favorecen las manifestaciones.
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