El 20 de junio de 2023, allegados de la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betsy Chávez, arremetieron fuertemente contra los periodistas César Cano Ramos, de Canal N, Javier Rumiche Gómez, de RPP, Liz Ferrer Rivera, de La República, y Silvio Alvis Porroa, de Exitosa, todos corresponsales de esos medios nacionales en Tacna, región al sur del país.
Los periodistas cubrían los previos a la detención de Betsy Chávez, acción judicial ordenada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que dictó 18 meses de prisión preventiva contra la ex ministra, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración que se le siguen.
De acuerdo a información recogida por la Asociación Nacional de Periodistas, César Cano fue el primero en llegar a la vivienda de Chávez. Tras hacer su primer despacho en vivo salió de la casa un hombre con un perro que mientras perseguían al periodista el sujeto le increpaba por estar filmando. Luego intentó arrancharle el celular con el que filmaba, dándole puñetazos y patadas en la espalda. El periodista logró cubrirse y recuperar su equipo, que fue pateado hacia la pista por el agresor.
Minutos después llegaron Silvio Alvis, de Radio Exitosa, y Javier Rumiche, de RPP. Cuando se disponía a hacer sus enlaces en vivo salió otro tipo de la vivienda de la ex ministra para insultarlos y gritarles que se vayan. También volvió a aparecer el sujeto con el perro que intentó agarró a Alvis Porroa por su mochila para patearlo en la espalda. El periodista logró escapar del energúmeno.
Luego salió una mujer de la vivienda para golpear con una correa a Javier Rumiche. El periodista trató de defenderse, pero la mujer y el sujeto le saltaron al perro encima. También le quitaron su mochila y su celular.
Cuando el sujeto del perro se percató que Liz Ferrer Rivera, del diario La República, hacía también su transmisión en vivo le dio un puñetazo en la espalda.
El IPYS denuncia estos actos de violencia contra los periodistas agredidos durante su cobertura de un tema de interés público. Exige además inmediata investigación y sanción a los que resulten responsables de estos hechos que atentan gravemente contra el trabajo periodístico, la libertad de prensa y el derecho a la información.