El 28 de diciembre de 2022, el periodista Ernesto Cabral, investigador del noticiero online La Encerrona, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó información al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre las muertes de ciudadanos en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Junín sucedidas durante las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 7 de diciembre en el país.
En el pedido de información, Cabral solicitó el tipo y cantidad de armamento y municiones usados en esas regiones por las fuerzas del orden, alegando que se habrían vulnerado derechos humanos en la represión contra los manifestantes.
El Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas denegó el pedido de información. Entonces, el periodista apeló al Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia quien pidió argumentos a la entidad militar para que explique los motivos por los que negó la información.
En respuesta, el Comando Conjunto señaló ante el Tribunal que Ernesto Cabral había dañando la imagen de la institución al señalar que se habrían vulnerado derechos humanos en la represión contra las protestas. Por ello, la entidad castrense informó que ha solicitado al procurador del Ministerio de Defensa evaluar el inicio de acciones legales contra el periodista.
Evaluado el caso con información de las dos partes, finalmente el Tribunal de Transparencia falló a favor de Cabral y ordenó a la entidad castrense entregar la información requerida. En su fallo, el Tribunal expresó que el pedido del periodista está vinculado a posibles vulneraciones de los derechos humanos y que, por tanto, es información de elevado interés público.
IPYS considera que cualquier acción legal contra Cabral es un acto de represalia contra el reportero por ejercer su derecho a solicitar información que es pública y que es de interés de toda la sociedad. Recuerda también que no es la primera vez que una autoridad castrense amenaza a Cabral. En octubre de 2022, el jefe de relaciones públicas del Ejército advirtió al periodista tener cuidado de publicar los #GuacamayaLeaks que revelaron prácticas irregulares de las Fuerzas Armadas.