Habiendo sido una de las instituciones que se reunió con el Grupo de Alto Nivel de la OEA, el pasado 22 de noviembre, expresamos nuestra extrañeza por el contenido de su informe referido a la prensa peruana, rechazando términos que no se ajustan a la verdad ni corresponden al contenido de lo que dialogamos.
El informe señala “cuestionamientos al rol de la prensa y los medios de comunicación” como uno de los hechos que ponen en riesgo la institucionalidad democrática del Perú”, indicando, como hallazgo principal, que “los medios de comunicación están concentrados en pocas manos, y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecer de objetividad, llegando a sostener que no son veraces, y que en algunos casos hasta son desestabilizadores.”
En ningún momento de la reunión, los miembros del Grupo de Alto Nivel nos trasladaron el detalle de estos cuestionamientos, que provienen principalmente del gobierno y del oficialismo. En la reunión estuvimos presentes Augusto Alvarez Rodrich, presidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); María Eugenia Mohme; presidenta del Consejo de la Prensa Peruana (CPP); y Gustavo Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV). Expresamos preocupaciones que ya fueron recogidas por el Informe del Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH. El mensaje de las tres organizaciones, que fue entregado p escrito, fue el siguiente:
1. Desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, los medios de comunicación han realizado sólidas denuncias de corrupción en el estado, incluyendo a los poderes ejecutivo y legislativo.
2. La solidez de esas denuncias se comprueba en que han sido el punto de partida para la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación al presidente de la República.
3. Por ello, el gobierno ha lanzado una intensa campaña de ataque y hostilización al periodismo peruano, presentándolo como enemigo de la democracia, a través del presidente de la república, el presidente del consejo de ministros, y varios integrantes del gabinete ministerial.
4. Esta campaña incluye: a. Ataques en actos públicos a la prensa, por parte del presidente y el primer ministro, poniendo en riesgo de agresiones a los reporteros; b. Discurso de confrontación sistemático contra el periodismo como enemigo de la democracia; c. Iniciativas legislativas para penalizar la difusión de información sobre investigaciones penales, en un acto claro de proteger a los investigados; d. Amenazas de querellas a periodistas; e. Obstaculización de coberturas informativas, incluyendo el impedimento a la prensa nacional de participar en las ruedas de prensa oficiales; f. Escasa transparencia para informar las acciones de gobierno.
Como es comprobable, nada de esto ha sido recogido por el informe, que incluye, más bien, un llamado a ejercer un periodismo constructivo que no aceptamos de parte de una representación que recogió en forma tan sesgada la realidad de lo que ocurre con la prensa nacional
Lima, 2 de diciembre del 2022
El Consejo Directivo