Por tercer año consecutivo, La red Voces del Sur (VDS) presenta el “Informe Sombra 2020” que recopila las alertas relacionadas con violaciones a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información ocurridas en 13 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela y este año se suman al informe sombra Colombia, Cuba, México.
Este reporte documenta y analiza de manera independiente la situación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.10.1 para garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales así como el número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, trabajadores de medios comunicación, sindicalistas y defensores de Derechos Humanos. La evaluación está basada en información identificada como alertas que son recolectadas, registradas y reportadas por la red VDS utilizando un grupo de 12 indicadores regionales.
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Perú
Las perspectivas de las libertades fundamentales en Perú son más sólidas que las de sus homólogos regionales. Sin embargo, la inestabilidad política y la corrupción han hecho mella. Ocurrieron protestas, descritas como las más grandes en dos décadas, organizadas por grupos de jóvenes peruanos a través de las redes sociales, especialmente TikTok.
En el contexto de esta agitación social, las alertas en Perú se incrementaron en un 280% en el 2020, su peor año en el registro reportado por IPYS, socio de VdS. Perú es uno de los dos países con un aumento en el total de alertas para este año. El mayor aumento fue un 1600% en el número de agresiones y ataques, la mayoría de los cuales ocurrieron durante las protestas. El uso abusivo del poder por parte del Estado aumentó un 300% y las restricciones de Internet un 200%. El Estado, sobre todo la policía, es responsable del 51% de las alertas.
México
La situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas en México en 2020 se caracterizó por una escalada de estigmatización e impunidad.
Artículo 19 registró 692 alertas, de las cuales el 54% fueron agresiones y ataques contra periodistas. Éstas siembran el miedo y a menudo conducen a la autocensura. Pero también conducen a delitos más graves, como el asesinato. En 2020, seis periodistas fueron asesinados en México. En los dos primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 17 periodistas han sido asesinados y el 99% de estos crímenes quedan en la impunidad.
La estigmatización y la impunidad son causas fundamentales de la situación hostil de las libertades fundamentales en el país, que registró 14 alertas por uso abusivo del poder por parte del estado, 40 detenciones arbitrarias y 13 secuestros.
Los agentes estatales son los autores del 50% del total de las alertas en 2020, mientras que los agentes no estatales representan el 24%; los grupos al margen de la ley, en su mayoría sindicatos del crimen organizado como los cárteles de la droga, el 6%; y los agresores no identificados otro 20%. Los de esta última categoría están relacionados sobre todo con 148 casos de restricciones de Internet.
Cuba
Derechos fundamentales, descritos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no están reconocidos en Cuba y es ilegal buscar, recibir y distribuir información e ideas fuera de los informes sancionados por el Estado. En consecuencia, el periodismo independiente está criminalizado desde hace más de 60 años.
La persecución contra los periodistas se intensificó en 2020 en el contexto de la pandemia de COVID-19; el socio de VdS, ICLEP, registró 344 alertas, de las cuales 142 corresponden a detenciones arbitrarias, 114 a agresiones y ataques, 36 a restricciones en Internet, 26 a discursos estigmatizantes y 25 al uso abusivo del poder por parte del Estado.
Guatemala
En 2020, DEMOS registró un total de 112 alertas en Guatemala: dos por los asesinatos de los periodistas Bryan Guerra y Mario Ortega, 99 por agresiones y atentados, seis por uso abusivo del poder por parte del Estado, tres por restricciones en el acceso a la información, uno por discursos estigmatizantes y uno por actos de tortura.
La pandemia de COVID-19 también provocó una crisis de derechos humanos en el país, especialmente para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. La necesidad de mitigar el brote sirvió de excusa a las autoridades para impedir el acceso de los reporteros a actos oficiales, reuniones y otras actividades.
Honduras
Las libertades fundamentales en Honduras fueron desafiadas por la violencia, la impunidad y el estado de excepción debido al COVID-19 en 2020. Un decreto ejecutivo restringe las garantías constitucionales para todos los ciudadanos
Con cuatro trabajadores de la prensa asesinados en 2020 (13 en los últimos dos años), Honduras es uno de los países más peligrosos para el periodismo en la región. Tiene una tasa de impunidad del 90% en los crímenes contra periodistas en los últimos 20 años.
En 2020 se registraron un total de 117 alertas y los procesos judiciales penales y civiles contra periodistas aumentaron un 100%, mientras que las restricciones al acceso a la información aumentaron un 122%, el discurso estigmatizante un 175% y las detenciones arbitrarias un descomunal 500%. Las restricciones en Internet aumentaron un 133%, sobre todo las agresiones en línea y, en particular, contra las mujeres que ejercen el periodismo.
El Estado sigue siendo el agresor más frecuente contra las libertades fundamentales en Honduras, siendo nombrado como autor en el 65% de ellas.
Nicaragua
El régimen de Ortega Murillo, en el poder desde 2007, suspendió aún más las libertades fundamentales para mantenerse en el poder en Nicaragua en 2020, preparando el terreno para las elecciones de 2021. Desplegó medidas legislativas que justifican sus abusos, como la Ley Especial de Ciberdelincuencia que criminaliza la desinformación y la denuncia, ambas definidas a discreción del Estado. Asimismo, armó los procesos judiciales y fiscales para criminalizar el periodismo, utilizando leyes para justificar dichas violaciones.
Los periodistas regresaron del exilio sin garantías de seguridad. Además, el Ministerio de Salud suspendió el derecho a la información, creando desinformación sobre la magnitud y la mortalidad de la pandemia de COVID-19.
A pesar de un engañoso descenso del total de alertas entre 2019 y 2020, las cifras y la investigación cualitativa apuntan a un deterioro continuo. La reducción del número total de alertas está relacionada con una disminución del 97% en el uso abusivo del poder del Estado. Sin embargo, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, otros indicadores aumentaron; las restricciones en el acceso a la información se incrementaron en un 72%, las detenciones arbitrarias un 33%, las restricciones de Internet un 100%, los procesos judiciales penales y civiles un 33% y el discurso estigmatizador un 36%. El Estado es responsable del 72% de todas las alertas.
Venezuela
En 2020, IPYS-Venezuela, socio de VdS, informó de un total de 510 alertas. A pesar de un descenso del 21% en el total de alertas, el ataque a las libertades fundamentales en Venezuela continuó en 2020. Los periodistas siguieron siendo el objetivo de la represión, ya que la información precisa y rigurosa es una amenaza existencial para el régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro.
La represión de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas es una prioridad estratégica para un gobierno que necesita imponer su versión de los hechos como la única válida.
Dos periodistas fueron asesinados: José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías. Asimismo, IPYS Venezuela informó que los procesos judiciales penales y civiles contra periodistas experimentaron un dramático aumento (220%), así como las detenciones arbitrarias (56%) y el discurso estigmatizante (55%).
Colombia
Entre 2019 y 2020, se crearon nuevos grupos armados no estatales similares a los de décadas anteriores al proceso de paz. En las regiones donde la presencia del Estado es limitada, estos grupos ejercen el control del territorio y de la comunidad. El País ha sido testigo y sigue soportando una violencia incalificable contra los periodistas como consecuencia de esta situación. Los periodistas se enfrentan regularmente al exilio, al desplazamiento interno y al asesinato.
En 2020 la FLIP registró 499 alertas, entre las que se encuentran dos asesinatos, 11 detenciones arbitrarias, 301 agresiones y ataques, 39 procesos judiciales penales y civiles, 24 casos de discursos estigmatizantes y 84 violaciones de restricciones en el acceso a la información, 37 restricciones en Internet y un secuestro.
En 2020, el Ejército Nacional fue uno de los principales responsables de las violaciones de las libertades fundamentales.
Ecuador
La situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas en Ecuador en 2020 se definió por las expectativas no cumplidas. El presidente Lenin Moreno dejó un legado de retrocesos, esfuerzos insuficientes y promesas a medias para promover las libertades fundamentales.
Fundamedios registró en 2020 129 alertas. En el contexto de la pandemia, las alertas relacionadas con las restricciones en el acceso a la información aumentaron un asombroso 567%, mientras que el uso abusivo del poder por parte del estado y los procesos judiciales penales y civiles contra los periodistas aumentaron un 75% y un 133%, respectivamente. Además el estado fue el principal agresor en Ecuador señalado como autor en el 50% de las alertas totales.
Argentina
La situación de las libertades fundamentales en Argentina en 2020 se caracterizó por la instrumentalización de la ley para acosar, intimidar y silenciar a periodistas. FOPEA, socio de VdS, registró 48 alertas relacionadas con violaciones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas.
En total, el 58% de las alertas identifican al Estado como responsable; además, los procesos judiciales contra medios y periodistas aumentaron un 367% con 14 casos denunciados en 2020.
Bolivia
La situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas ha sido tenue en Bolivia durante más de una década. Tras las protestas masivas y la agitación social de 2019, estas libertades fundamentales se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19 y la reanudación de la violencia política en 2020.
La ANP registró 117 alertas totales en 2020, un descenso del -28% impulsado por una reducción del -88% en las alertas relacionadas con las restricciones de acceso a la información, del -86% en las restricciones de Internet, del -69% en el discurso estigmatizador y del -67% en los procesos judiciales penales y civiles. Sin embargo, los esfuerzos por estigmatizar a los periodistas han puesto sistemáticamente en peligro su vida y su bienestar, lo que se ha traducido en un aumento del 10% de agresiones y ataques.
Los fanáticos políticos se envalentonan para atacar a los reporteros en su trabajo, lo que queda patente en el hecho de que el 56% de las alertas identifican a actores no estatales como los autores.
Uruguay
Uruguay es un fuerte defensor de las libertades fundamentales, dado el robusto marco institucional del País, que cumple con rigurosos estándares de credibilidad e independencia. En este sentido, Uruguay se encuentra en una posición positiva, dada la escasa prevalencia de agresiones por parte del Estado contra los periodistas y la prensa.
Si bien se ha producido un descenso del 8% en el número total de alertas en 2020, un aumento del 200% en el marco legal contrario a las normas y del 100% en el discurso estigmatizador son signos preocupantes. La aprobación de la Ley de Consideración Urgente (LUC), un proyecto de ley general que introdujo varios cambios, junto con la intención de derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, amenazan con debilitar la sólida trayectoria de Uruguay en la defensa de los derechos humanos universales y los estándares democráticos.
Brasil
La libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y la seguridad de los periodistas en Brasil se han deteriorado bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro. En 2020 ABRAJI, registró un total de 419 alertas. El aumento del 222% en el total de alertas en 2020 estuvo directamente relacionado con un aumento de 489% en las agresiones y ataques.
El Estado fue identificado como agresor en el 74% de las alertas. Los políticos y los funcionarios judiciales siguen el ejemplo del presidente, utilizando los tribunales para silenciar a los periodistas; los procesos judiciales penales y civiles contra los medios de comunicación y los periodistas aumentaron de 8 a 39 casos en 2020, es decir, un 388%. Las detenciones arbitrarias aumentaron en un 200%, el discurso estigmatizante en un 169%, las restricciones de Internet en un 167%, las restricciones en el acceso a la información en un 86% y el uso abusivo del poder del Estado en un 83%.
Voces del Sur es un proyecto integrado por 13 Organizaciones de la sociedad civil: Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (ABRAJI, Brasil), Asociación Nacional de Prensa (ANP, Bolivia), Centro de Archivos e Información Pública (CAINFO, Uruguay), Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE, Honduras), Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS, Guatemala); Foro de Periodismo Argentino (FOPEA, Argentina), Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS, Ecuador); Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH, Nicaragua); Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, Perú), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS, Venezuela). Además, para el Informe 2020 se sumaron ARTICLE-19 (México), el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) Colombia.