La Red Voces del Sur se une y apoya las recomendaciones emitidas por la Relatoria Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, al Estado peruano, en el marco de la primer visita oficial de la RELE en el país.
Por primera vez y durante más de cuatro días, el relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca Villareal y una comisión que le acompañó se reunieron con autoridades del gobierno peruano, organizaciones locales, periodistas y medios de comunicación. Al finalizar su visita, la RELE publicó un comunicado donde resalta que en Perú permea un contexto político y social polarizado, donde a pesar del cambio de gobierno, persisten problemáticas que vulneran el derecho a la libertad de expresión y atentan contra la integridad de la prensa y su labor informativa.
La Oficina de la Relatoria de Libertad de Expresión, “advierte un grave deterioro del debate público, serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física”.
Como ejemplo de lo anterior, la RELE constató que en el Perú se estigmatiza a la prensa constantemente, y que las descalificaciones y la polarización aumentó luego de las elecciones. Del mismo modo, la Relatoría también observa con preocupación el aumento del acoso judicial y hostigamiento contra la prensa, incluso a través del ciberpatrullaje en contra de quienes ejercen el derecho a informar.
Al respecto, en el informe sombra 2020, Voces del Sur indicó que en Perú se registraron 52 alertas en contra de periodistas y medios de comunicación, esto es un 280% mayor que las alertas documentadas en 2019 (15). De igual forma, la Red VDS enfatiza y concuerda con la RELE en “los procesos judiciales penales y civiles contra los medios de comunicación y los periodistas siguen siendo un grave obstáculo en Perú. Los periodistas son llevados a los tribunales por supuestos motivos, pero el objetivo es siempre agotarlos física, emocional y económicamente”.
Finalmente, también preocupa a la Relatoria, y Voces del Sur se suma a esta preocupación, la cada vez mayor opacidad y restricciones a información para la prensa, “incluyendo el acceso a espacios físicos, a documentación oficial y a los mismos funcionarios. Ejemplo de lo anterior es la escasa comparecencia ante los medios por parte del Presidente, así como la prohibición de ingreso al Congreso de la República a periodistas y comunicadores”.
Ante tal escenario, la Relatoría emitió catorce recomendaciones al Estado peruano, de las cuales Voces del Sur recalca:
- Garantizar, de forma inmediata, el acceso a la prensa y a los periodistas a espacios protagónicos del debate democrático e institucional, como el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, para permitirles recabar información sobre asuntos de interés público. Ello, por medio de mecanismos adecuados y concertados con la prensa, como por ejemplo, sistemas de acreditación, pool de periodistas, salas de prensa, ruedas de prensa y otros;
- Rechazar de manera institucional y contundente todos los actos de violencia contra la prensa y contra los periodistas, incluyendo los actos de violencia en línea;
- Tomar las medidas necesarias para investigar, de manera diligente, efectiva e imparcial todos los casos de violencia contra periodistas, con miras a identificar y sancionar a los 24 responsables, y a reparar adecuadamente a las víctimas. Lo anterior, incluyendo las perspectivas y la diligencia reforzada que demandas casos como los de violencia de género contra mujeres periodistas;
- Tomar las medidas necesarias para garantizar que los líderes políticos y las personas que ejercen la función pública se abstengan de realizar declaraciones que puedan estigmatizar a la prensa y a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, o defensores de los derechos humanos; declaraciones que promuevan la intolerancia y la discriminación; o aquéllas que puedan contribuir a la desinformación deliberada;
- Promulgar una legislación exhaustiva para desalentar los casos de difamación vejatorios o frívolos y las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs) que pretenden intimidar y silenciar a periodistas y activistas que informan sobre asuntos de interés público, así como a las mujeres que denuncian hechos de violencia;
- Capacitar a las personas que ejercen la función pública en los más distintos niveles sobre sus deberes frente a la normativa nacional e internacional de acceso a la información pública y continuar emprendiendo esfuerzos para fortalecer la labor, la autonomía y la observancia de recomendaciones y decisiones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y de Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
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